El Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal sigue su trámite parlamentario con carácter de urgencia. Después de pasar por la Mesa del Congreso, este lunes se ha remitido el texto a la Comisión Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad para el periodo de enmiendas por parte de los distintos Grupos Parlamentarios, que finalizará el próximo 21 de septiembre. Las enmiendas presentadas podrán ser parciales o a la totalidad, abriéndose un periodo que se puede alargar hasta final de año o principios de 2023.
Será en este periodo cuando el propio grupo socialista presente, tal como adelantó Patxi López, una enmienda para excluir a los animales auxiliares de la caza, como perros o aves de cetrería, a lo que el PSOE se comprometió con entidades del sector durante una reunión en la sede de Ferraz a finales de marzo. La Real Federación Española de Caza (RFEC) y demás federaciones autonómicas han advertido que «velarán para que se cumpla» y anuncian que inundarán las calles con la “marea naranja” si no se hace. Tanto la RFEC como Fundación Artemisan hicieron público un documento que «desmontaba» el proyecto de ley y que anunciaba el fin de la caza si esta normativa, así como la reforma del Código Penal, se aprobaba.
Desde otra de las principales entidades del sector también se muestran muy cautos con el anuncio hecho por el PSOE. Felipe Vegue, presidente de la Asociación de Rehalas Regionales Española Caza y Libertad (Arrecal) ha señalado que el propósito final del Gobierno es «acabar con la caza». El máximo responsable de Arrecal relata: «El PSOE enmienda al PSOE. Aprueba en agosto y por vía de urgencia un proyecto de ley para luego anunciar una enmienda de dicha ley. ¿Cuál era la necesidad urgente de aprobar esa norma que ya sacó a medio millón de cazadores a la calle el 20 de marzo de 2022?».
La Asociación de Rehalas Regionales ha actualizado el documento que explica las repercusiones que tendría la aprobación de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal y la reforma del Código Penal. Arrecal advierte que seguirá exigiendo que el PSOE cumpla su compromiso de excluir a la caza de la ley animalista y frene una reforma del Código Penal que «no se ajusta a la realidad del mundo rural». En el documento se explica que las sanciones administrativas y penales previstas en estas normas «harían inviable la relación actual con los animales». Para Arrecal, a pesar de la manifestación masiva del 20 de marzo y los posteriores compromisos, «las modificaciones han sido mínimas», por lo que si el texto que se encuentra en trámite parlamentario sale adelante dicha normativa «podría acabar con la caza».
Las sanciones económicas que se prevén son muy altas y las penas por los delitos aumentan notablemente. El Proyecto de Ley de Bienestar Animal establece «una cantidad enorme de prohibiciones generales, especiales y nuevas obligaciones para los dueños de animales, hasta el punto de que es difícil no incurrir en una vulneración de alguna de ellas siendo poseedor de animales, y más si se está en posesión de una rehala». Desde Arrecal señalan que, si bien no habría una prohibición de la caza desde el punto de vista jurídico, se «abocaría a la imposibilidad de practicarla y a la inviabilidad de la tenencia y uso de perros de caza».
El documento elaborado por los asesores jurídico y veterinario de Arrecal, Santiago Ballesteros y Nicolás Urbani, detalla más repercusiones negativas para el sector, y esta entidad entiende que «mientras no se modifiquen estas normas, el futuro de la caza está en grave riesgo, por lo que es imprescindible continuar trabajando desde la unión del sector y de sus asociaciones para que el Gobierno rectifique y escuche el clamor de la #mareanaranja».