Este documento «desmonta» la ley animalista y la reforma del Código Penal que causarían el fin de la caza en España

Los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Caza (RFEC) y de Fundación Artemisan han elaborado un documento que «desmonta la justificación» del Gobierno para sacar adelante el Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales y la reforma del Código Penal que actualmente se encuentran en trámite parlamentario. Ambas entidades informan acerca de las consecuencias que tendría su aprobación para la caza, los animales y la sociedad en general, y anuncian todo ello supondría el fin de la caza en España.

El documento recoge en 32 apartados sobre artículos con repercusión en la actividad cinegética las consecuencias que tendría la aplicación de la ley animalista y de la reforma del Código Penal. «Los artículos que proponen ambas normativas suponen una amenaza directa para la viabilidad de la actividad cinegética», señalan las entidades del sector. Por ello han elaborado ESTE DOCUMENTO que desmonta los argumentos utilizados por el Gobierno de PSOE y Podemos para tramitar ambos textos sin consenso y por procedimiento de urgencia.

La tramitación que se está haciendo limita la participación de la sociedad y de las entidades afectadas, precisamente cuando se trata de normativas que han recibido el rechazo de juristas, científicos, expertos, sectores afectados e incluso de las asociaciones ecologistas. Ambas entidades destacan que supone «un uso torticero de un procedimiento reservado a asuntos que, por su entidad, merezcan este tratamiento diferenciado».

La caza sería «inviable»

Entre otras cuestiones, el documento desvela cómo la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales —cuyo texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto— «haría prácticamente inviable la supervivencia de las rehalas, la cetrería», reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco o incluso la grabación de documentales de caza; y convertiría en maltrato muchas de las acciones cinegéticas que son propias de la actividad.

El proyecto de ley que se quiere aprobar invade las competencias de otras administraciones al prohibir actividades como el silvestrismo o al regular el transporte de perros de rehala. El documento elaborado señala cómo la normativa «hace inviable la práctica de modalidades como la perdiz con reclamo, cimbeles de paloma o aves acuáticas, creando una grave inseguridad jurídica, o cómo impide la cría de reposición y obliga a la esterilización sin argumentos técnicos o científicos que lo avalen».

También hace hincapié en que el anteproyecto convierte en especie protegida a los gatos de colonias, en contra de la opinión de toda la comunidad científica y de la propia Comisión Europea, que afirman que uno de los mayores problemas para la biodiversidad es el gato asilvestrado de las colonias felinas. A todo ello se suma la creación de numerosos órganos, sistemas de registro, entidades y planes que conllevarán un cuantioso aumento del gasto público sufragado por los contribuyentes en un momento de crisis generalizada en el que se están pidiendo esfuerzos a todos los ciudadanos.

En lo referente a la reforma del Código Penal, la RFEC y Artemisan coinciden en que contempla penas desproporcionadas y «pone en serio peligro la caza, la pesca y otras actividades de gran importancia para el mundo rural».

Con este documento se espera que los distintos partidos políticos, comunidades autónomas y ciudadanos tengan información real de las consecuencias que tendría la aprobación esta normativa y se opongan a unos proyectos que no persiguen el bienestar de los animales, sino «contentar a un sector animalista minoritario y radical».