Caza en Madrid, historia, gestión y conservación del territorio

La caza en Madrid forma parte de la historia, la gestión del territorio y la conservación de especies, desde la tradición montera hasta los cotos actuales.

 

La distancia entre el campo y la ciudad no es otra cosa que la falta de información. Suelo comentar que a la sociedad urbana le hacen falta unas cuantas horas de Ciencias Naturales. Me equivocaba: también le hacen falta unas cuantas de Historia, sobre todo, de la del territorio que ampara sus pies.

Desde Aranjuez hasta Somosierra, de Cenicientos a Estremera, Madrid es mucho más que asfalto. En sus márgenes aún resiste un territorio moldeado por siglos de relación entre el ser humano y su entorno. Basta con apartarse del bullicio de las urbes para descubrirlo en el trazo de un cortafuegos, en un piloncillo oculto entre jaras o en el rastro del cochino que cruza un camino viejo. Allí donde la ciudad se diluye, comienza la memoria del campo.

Desde los restos del Valle de los Neandertales en la Sierra Norte, pasando por El Reguerillo, La Oliva, Pinilla o Sieteiglesias, los yacimientos madrileños nos muestran restos de ciervos, mamuts, montesas y osos cavernarios. Testimonios de sociedades primigenias, clanes organizados en torno a la caza, forjadores de las primeras manifestaciones artísticas en suelo madrileño, obra de cazadores del Paleolítico Superior en la confluencia del Lozoya y el Jarama.

Desde los yacimientos del sur con sus «piedras del rayo» hasta la misteriosa Piedra Escrita de Cenicientos —megalito tardorromano, influido por las creencias de los pueblos vetones que habitaban la zona, que honra a Diana Cazadora y en cuya parte trasera está grabada la garra de un oso, símbolo inequívoco de bosques sagrados—, la historia del territorio madrileño se escribe también en piedra.

Volviendo a esos poderosos animales que poblaron nuestras sierras, abundan referencias históricas desde época romana hasta el siglo XVI, describiendo la Sierra de Madrid como un fértil coto de caza real. Alfonso X, los Reyes Católicos, Felipe II, Felipe IV o Carlos III practicaban las artes venatorias en estos montes. Cuentan las crónicas que, durante una montería en El Pardo, al ser sorprendidos por un oso, Isabel la Católica se adelantó con valentía y lo mató de un rejón.

El Libro de la Montería de Alfonso XI, el Discurso de la Montería de Argote de Molina o estudios como los de Gregorio de Andrés atestiguan cacerías reales en La Cabrera, Buitrago, el Valle del Lozoya o el Monte del Pardo. Las rehalas reales, que contaban con perreras, mozos de cuerda y monteros, eran parte del protocolo de la Corte. Y la toponimia habla por sí sola: la Cueva del Oso en La Herrería, Villaconejos, Canencia —relacionada con perros y perreras reales—. No extraña que hoy en día las rehalas madrileñas sigan batiendo los montes con la misma bravura de antaño.

Decía Emilio Castelar: «Es un deber buscar en el pasado enseñanzas para el porvenir, hacer un estudio de los monumentos y no despreciar las tradiciones del vulgo». La caza, con sus usos y costumbres, sigue presente en villas y pueblos madrileños como herencia de siglos de latir de perros, camaradería y pitanzas de lo cobrado. Enseñanzas que, sin duda, siguen siendo necesarias para el futuro.

Tampoco escapa a la mirada histórica la ciudad de Madrid. Ursaria la llamaron los antiguos, y fue el rey Carlos III —el «rey-alcalde»— quien transformó la villa y cruzaba a diario el Puente del Rey para cazar en su coto de la Casa de Campo. Hoy, con más de 1.700 hectáreas, es el mayor parque urbano del mundo: el doble que el Bois de Boulogne y seis veces mayor que Central Park.

El Retiro fue también coto de caza menor de los Austrias. El Monte del Pardo y el Soto de Viñuelas fueron cazaderos desde la Edad Media y su riqueza cinegética fue, según algunos historiadores, una razón determinante para fijar aquí la capitalidad. Aquellos cazaderos suponen casi un tercio del término municipal de Madrid.

 

La sociedad necesita campo

 

Sería fácil justificar la caza por razones económicas: genera empleo, sostiene el mundo rural, dinamiza sectores industriales y de servicios. Pero no es ese el argumento principal. La cuestión de fondo es el territorio.

Con una superficie de algo más de 8.000 km², la Comunidad de Madrid es la región con mayor tasa de artificialización del suelo: más del 16 %. Unas 120.000 hectáreas urbanizadas, comerciales e industriales. Un crecimiento del 60 % en zonas urbanas y del 126 % en industriales. Una contradicción flagrante en una sociedad que clama por la sostenibilidad, pero no renuncia a su zona de confort ni cambia hábitos de consumo. Mientras tanto, los psicólogos alertan de una nueva patología: el «trastorno por déficit de naturaleza», asociado a ansiedad, estrés, hiperactividad, falta de concentración o déficit de vitamina D. La sociedad, simplemente, necesita campo.

Ese campo que aún pervive en más de la mitad de la superficie de la región: 442.658 hectáreas, de las que el 67 % pertenecen a propietarios privados. Son ellos quienes, mediante los cotos de caza, se integran en el sistema más extenso y eficaz de protección y aprovechamiento renovable del medio natural. La custodia activa del territorio alcanza su máximo exponente en las 580.671 hectáreas de zonas de caza, el 90 % de ellas en manos privadas. No sólo cumplen escrupulosamente la legislación vigente, sino que van más allá: invierten, restauran, vigilan y aseguran la continuidad de especies y sistemas.

Gracias a esa gestión, especies como la perdiz roja, la liebre, el conejo, los cérvidos, muflones y jabalíes mantienen su presencia ordenada. Pero también es clave para la conservación de especies no cinegéticas como el águila real, el lince ibérico o el águila de Bonelli. La recuperación del águila imperial es, de hecho, uno de los grandes logros de los últimos años. Y mientras tanto, esa misma gestión evita accidentes de tráfico, irrupciones de fauna en zonas escolares o urbanas, ataques a personas o mascotas, y la propagación de zoonosis como la tuberculosis, la sarna o la enfermedad de Lyme.

Porque una fauna sobrepoblada no es sinónimo de conservación, sino de colapso. Y sus efectos los sufren agricultores, silvicultores y ganaderos, últimos habitantes de la España vaciada.

Sirva como ejemplo el impacto de la cabra montés en algunas áreas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde un tercio de las especies leñosas mostraron daños insostenibles, especialmente en zonas con especies protegidas. Sin control poblacional, incluso un icono natural puede convertirse en amenaza para su entorno.

El deber de las administraciones

 

Por eso no toda la responsabilidad puede recaer en los propietarios o en los cazadores. Las administraciones tienen el deber moral y legal de apoyar su labor. No sólo por su impacto ecológico, sino también social. Porque cuando hay caza en un pueblo, hay vida. La tasca se llena, los que marcharon vuelven, la plaza recupera su bullicio y el campo late de nuevo.

Y sí, también, hay ahorro para las arcas públicas. Menos daños agrícolas, menos accidentes, menos sobrecostes sanitarios. Pero incluso sin cifras, bastaría con mirar al monte y escuchar. La caza es gestión, cultura y equilibrio: parte esencial del paisaje y del alma de una tierra que aún conserva memoria.

Reglamentaciones

 

Por ello no puede desligarse la actividad cinegética del corpus normativo que la ampara, tanto en su dimensión ambiental como territorial. En la Comunidad de Madrid, la Ley 1/1970 de Caza, aún en vigor con importantes modificaciones, y su desarrollo reglamentario, han consolidado un sistema jurídico que articula la conservación de los ecosistemas, el aprovechamiento ordenado de las especies y la titularidad cinegética del terreno.

El Decreto 91/2002, que regula la planificación de los recursos cinegéticos, contempla los Planes Técnicos de Caza como herramienta fundamental de ordenación. Lejos de la imagen caricaturesca que algunos proyectan, el cazador está sujeto a un entramado de obligaciones y controles rigurosos, desde vedas, cupos, precintos, memorias anuales, controles sanitarios, hasta estudios de carga cinegética y evaluación de hábitats. Los planes técnicos de caza, cuya renovación es obligatoria cada cinco años, incluyen censos poblacionales, diagnósticos de hábitat, programas de mejora y evaluación periódica de resultados. Todo ello supervisado por los servicios técnicos de la administración autonómica.

Este modelo se inserta a su vez en una red más amplia: la Red Natura 2000. En la Comunidad de Madrid, el 39 % de la superficie está incluida en espacios protegidos, y en buena parte de ellos, la actividad cinegética se mantiene como compatible o incluso como favorable, conforme a las directrices de conservación. Figuras como los LIC (Lugares de Interés Comunitario) y las ZEC (Zonas de Especial Conservación) no excluyen la caza, sino que la incorporan, cuando se realiza con criterios técnicos, como instrumento de mantenimiento del equilibrio biológico.

En Madrid, estos espacios protegen hábitats clave como los encinares de monte bajo, los canchales silíceos, los sotos fluviales del Jarama y los cortados calizos del Manzanares, donde nidifican el águila imperial, el águila real, el buitre negro o el águila de Bonelli. Así lo reconocen múltiples estudios del CSIC, de las universidades y de diversos organismos autonómicos y europeos.

La caza, en este contexto, no sólo es legal: es legítima. Y debe ser defendida no como una actividad anecdótica de fin de semana, sino como parte de un sistema de gestión territorial coherente con los principios de sostenibilidad. Lo decía ya el legislador europeo en la Directiva Hábitats de 1992: la conservación exige usos racionales y sostenibles del territorio, basados en el conocimiento y en la implicación de los actores locales. El cazador, lejos de ser un visitante ocasional, forma parte del paisaje humano que sostiene al paisaje natural.

El relato urbano

 

Y, sin embargo, el discurso público sigue condicionado por la desinformación, por el relato urbano que desconoce el monte y por la equidistancia institucional que, en lugar de pedagogía, prefiere el silencio. No se puede gestionar lo que no se comprende, ni defender lo que no se explica.

La caza necesita, más que nunca, claridad argumental y respaldo político: desde las consejerías y los ayuntamientos, desde la educación ambiental, desde los medios de comunicación que aún conservan vocación de servicio público. Porque si desaparece la figura del gestor tradicional no quedará quien vigile, repueble, limpie cortaderos, construya bebederos, controle la presión de predadores o colabore en la sanidad animal. Lo que quede será monte sin alma, campo sin gente, espacios sin sentido.

Lo contrario de ignorar no es prohibir, sino formar. Las administraciones tienen el deber de comunicar con claridad el funcionamiento del medio natural, sus dinámicas y necesidades. Y entre ellas, la caza ocupa un lugar que debe ser explicado desde el conocimiento y la responsabilidad, como bien de interés público.

Y es que la caza no es un capricho ni un vestigio anacrónico, sino una necesidad reguladora para la salud del territorio. En un tiempo en que la biodiversidad peligra no sólo por la escasez, sino también por los excesos, el papel del cazador como regulador equilibrador de las poblaciones silvestres cobra más sentido que nunca. Lo que se caza se mide, se controla y se reporta.

Y aquello que se preserva, se mantiene sobre el terreno con esfuerzo personal y conocimiento aplicado. No hay naturaleza viva sin gestión ni equilibrio ecológico sin intervención humana informada y responsable.

Basta con recorrer los caminos de La Hiruela o los encinares de Villamanta para encontrar aún rastros de esa relación íntima entre el hombre y el monte: bebederos tallados en piedra, casetas de aguardos, trochas de jabalí trazadas en el tiempo.

En los archivos parroquiales, las licencias de escopeta compartían espacio con los nacimientos y las cosechas. Y, en las casas, los relatos de las batidas se contaban con el mismo respeto que los de la siega o la trashumancia. Porque la caza no era excepción: era costumbre. Un saber compartido que hoy agoniza en silencio, mientras la ciudad, en su desdén, da la espalda al campo.

La caza no necesita ser defendida desde la nostalgia ni desde la reacción: basta con observar el territorio, interpretar sus dinámicas y asumir que la gestión activa es indispensable para su conservación.

Si las instituciones no asumen su obligación de divulgar, si la sociedad permanece en esa cómoda postura de rechazar lo que no conoce desde la poltrona de la ignorancia, el campo acabará gestionado por el olvido. Y, entonces, será tarde.

Texto y Fotos: Laureano De Las Cuevas