En una España urbanita y despoblada
Según información aparecida en el diario el País, mientras más de 42 millones de personas viven en Madrid y en el litoral español, el resto, 4,6 millones, habita en el 70% restante en zonas del interior.
La despoblación rural es uno de los mayores problemas que afectan hoy a nuestro país. Diez comunidades españolas sufren una alarmante crisis demográfica que fue catalogada en la reciente cumbre de presidentes autonómicos como un «problema de Estado».
La «España vacía» abarca territorios de las dos Castillas, Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura, La Rioja, Andalucía, sur de Navarra y norte de Valencia.
Su núcleo, lo que se ha dado en llamar la Serranía Celtibérica o la Laponia del Sur, dado el frío invernal y una ridícula densidad de población, similar a la de la tierra de los samis (el 61,3 del territorio nacional tiene una densidad de 7,2 habitantes), contiene 1400 pueblos y se extiende por Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Valencia, Castellón, Burgos, Segovia y La Rioja ocupando una extensión de 63.098 km2, dos veces Bélgica, con una población censada de tan solo 450.000 habitantes.
Las cifras son asombrosas. Soria es la zona cero de la despoblación con 88.000 habitantes en toda la provincia, censo tan exiguo que cabría en el Nou Camp.
El 94 % de los municipios cuenta con menos de 1000 habitantes, en muchos de ellos bastan los dedos de una mano para contarlos y otros muchos están completamente vacíos.
De los doscientos pueblos abandonados que se calcula que hay en España, gran parte de ellos se encuentran en esta provincia y la despoblación va en aumento a un ritmo de unos diez vecinos menos a la semana.
El éxodo de los pueblos a las ciudades que comenzó en los sesenta prosigue hoy inexorable.
Cantabria sufre el mismo problema, allí el 80 % de sus municipios están afectados por la despoblación.
Extremadura lleva seis años consecutivos perdiendo población rural, y son ya más de ciento veinte los pueblos que están en riesgo de desaparecer.
Uno de los factores limitantes es el frío, aunque el más determinante es la falta de oportunidades.
A nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística, España es el país del sur de Europa más despoblado, donde solo el 5 % de la población habita en la mitad de su territorio y el 90 % vive sobre el 30 % del suelo. Según esta institución, 36 provincias perdieron habitantes entre 2015 y 2016.
Según la Federación Española de Municipios y Provincias, la mitad de los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción.
España ha perdido 67.374 habitantes entre 2015 y 2016, y lo más alarmante es que esa sangría poblacional se ha concentrado mayoritariamente en las áreas rurales, por lo que han exigido «la aplicación de urgentes políticas de Estado» para paliar lo que denominan «un problema sociopolítico de primer orden», y consideran «imprescindible la adopción inmediata de medidas concretas para sostener e incrementar la población de los pequeños y medianos municipios, no solo por una cuestión de interés social sino también económico».
Existen propuestas de variado carácter para revertir esta tendencia encaminadas a generar actividad económica y empleo, principales problemas de estas zonas deprimidas, aunque ninguna ha dado sus frutos.
La más clara para nosotros sería fomentar la caza en unas zonas muy agrestes, especialmente atractivas para el desarrollo de esta actividad, más cuando instituciones tan reconocidas como la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, BirdLife International, el Consejo Internacional de la Caza y la European Landowner Organization, entre otras, reconocen el papel fundamental de la caza sostenible en la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente y la necesidad de su promoción en áreas rurales socialmente deprimidas, como herramienta para fijar población.
Pero en este país urbanita, ecológicamente ignorante y despoblado son cada día más las trabas que el cazador encuentra para ejercer una actividad que, aunque legal y beneficiosa, es perseguida y acosada y que sería incluso prohibida por la propia ministra de Transición Ecológica.
