El Gobierno catalán escucha a los cazadores y reconoce la importancia de la caza

La Consejería de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha reaccionado a la huelga de caza del jabalí iniciada este mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada, y ha reconsiderado el controvertido punto 8.3 de la actual Orden de Vedas referente a la obligatoriedad de comunicación de la ubicación de las batidas mediante un procedimiento de dudosa utilidad, según el colectivo cazador, para la mejora de la seguridad de las batidas. Los acuerdos suscritos en la negociación con la consejería han permitido que el colectivo esté dispuesto a levantar la huelga una vez que el DOGC recoja la modificación de estos puntos de la Orden de Vedas, que se prevé que sea a principios de la semana que viene.

La huelga, iniciada por los cazadores de Gerona mediante la delegación territorial de la federación de caza, ha sido secundada por buena parte del colectivo de toda Cataluña y ha contado también con el apoyo de todas las representaciones territoriales de la federación de caza y entidades como Agrupcat.

El malestar por la entrada en vigor del 8.3 se ha gestado en la base del colectivo cazador. Ha aparecido un movimiento bien organizado que, gracias a la unión, ha conseguido que sean escuchadas sus reivindicaciones y eso es un hecho histórico para el colectivo. El movimiento ha acabado integrando al sector primario y parte de la sociedad ante las consecuencias que implica no cazar.

Así pues, aparte del argumentario del colectivo cazador, campesinos y agricultores han manifestado su preocupación por los elevados daños que podrían sufrir en sus cultivos fruto de la huelga, añadidos a los que ya tienen; propietarios forestales han mostrado su rechazo a recibir nuevas regulaciones sobre sus bienes sin consulta previa; la comunidad científica también ha alertado de posibles casos de zoonosis y mayores desequilibrios de biodiversidad; el sector porcino y cárnico ha mostrado gran preocupación para la posible entrada de la peste porcina africana (PPA) si no hay una disminución importante de jabalíes.

Los campesinos, además, han incrementado la demanda de ayuda al cuerpo de Agentes Rurales para actuar donde hay daños. Todo ello, más la implicación de alcaldes, la divulgación y pedagogía en las redes y medios (independientes y propios del sector), las sinergias con otros actores del mundo rural y un constante goteo de adhesiones a la causa, han ido sumando presión hasta conseguir sentar a los actores implicados en una mesa de negociación.

Acuerdos con la Administración

El principal acuerdo ha sido la retirada de las disposiciones del punto 8.3 de la Orden de Vedas de forma general, si bien se mantiene una excepción, que es su aplicación en las Reservas Nacionales de Caza, las zonas de caza controlada y los parques naturales (espacios naturales protegidos). En estos espacios, que son mayoritariamente públicos y gestionados ya por un organismo superior, en muchos de ellos, de una u otra manera ya se comunicaban las batidas con el objetivo de compatibilizarlas con las otras actividades en el medio natural, pues se trata de espacios muy concurridos sobre todo los fines de semana y festivos. La aplicación del 8.3 en estos espacios, ha servido para unificar y simplificar el método de comunicación, pues hasta ahora no había un protocolo común, y se prevé que se ponga en marcha a partir de este próximo mes de diciembre.

Otro punto importante del acuerdo, y pionero, es el régimen sancionador que lo acompaña. Éste debe servir para sancionar a quienes entorpezcan la actividad cinegética (con sanciones de 301 a 1.000 euros), de forma similar a lo que se aplica ya en Francia (allí incluso hay condenas de prisión para quienes entorpezcan y molesten una batida, o para quienes entren en granjas y fincas particulares con el objetivo de hacer daño). Esta medida es muy importante para el colectivo porque, más allá del régimen disciplinario, la administración, por primera vez, apuesta por el reconocimiento de la importancia de la actividad cinegética y la prioriza frente al resto de actividades de ocio que se llevan a cabo en el medio natural. Esta, según el colectivo, es una de las grandes victorias conseguidas con la reivindicación.

Otros acuerdos que se han alcanzado y que han estado presentes durante toda la negociación, han sido la calendarización de encuentros periódicos entre cazadores y Administración para ir solucionando los temas pendientes como son:

• Los núcleos zoológicos; que sólo se requiera registro a partir de 20 perros. Que sea efectivo cuando se apruebe la ley de acompañamiento de presupuestos 2022.
• El decreto de carne de caza para que sea efectivo durante la temporada 2023-2024.
• La Orden de control de predadores que se apruebe a finales de septiembre 2022.

Se ha acordado la creación de un grupo de seguimiento para el cumplimiento de los pactos establecidos y aquellos temas que se consideren oportunos como la ley de protección de los animales, autorización de afectaciones con vía pública, entre otros, así como la promoción de campañas comunicativas sobre la función de los cazadores en la sociedad.

La imagen de la caza

El colectivo cazador no puede decirse que haya tenido siempre un liderazgo claro a lo largo de la historia. Diferentes modalidades de caza, prácticamente tantas sociedades de cazadores como municipios tiene el país, falta de unidad y liderazgo en sus pocos organismos de representación (en este caso deportiva en forma de federación) y, a menudo, falta de rigor técnico fruto de la práctica de una actividad ancestral con más carácter social y lúdico que de gestión especializada de las especies cinegéticas. Puertas adentro, mucho trabajo por hacer, ordenar y reestructuración si es necesario de los órganos representativos y consultivos de los cazadores, como el Consejo de Caza. Esta situación no ha permitido que el sector cinegético tenga el lugar que se merece en la sociedad en la que vivimos y, es más, ha sido fácilmente aprovechada por los sectores animalistas emergentes y ahora en crecimiento y las políticas que los apoyan.

La caza sigue siendo tabú. Ningún político habla en abierto, siempre con boca pequeña: capturas… esterilizaciones… Nadie explica, ni políticos ni medios, que no vivimos en un ecosistema perfecto y que, como el medio está altamente transformado y perturbado por la actividad humana, es necesario gestionarlo (para garantizar la biodiversidad, para minimizar daños y conflictos).

Simplificando, el medio es vegetal y animal. Del mismo modo que nadie se cuestiona (hoy en día, hace unos años sí), que hay que hacer gestión forestal, también hay que gestionar la fauna salvaje. No hay más. Lo poco que se explica es, a través de las noticias, cuando los jabalíes pasean por el área metropolitana o las playas del país, cuando atacan para obtener comida fácil. Para bien o para mal, este despropósito es de las pocas cosas que han contribuido a hacer ver a la sociedad que la gestión de la fauna salvaje es necesaria, y eso quiere decir también la caza con todas sus letras.

La lucha sigue

La reivindicación es clara: Reconocimiento y defensa de la actividad cinegética y de su colectivo y regulaciones justas, factibles, útiles, adaptadas a la realidad actual y, sobre todo, redactadas desde el conocimiento y, por extensión, consensuadas y pactadas con el territorio.

Hablar y hablar, conocer y, después, legislar.

Quedan grandes retos para conseguir reforzar aún más el sector ante la sociedad. Hablamos de dar salida a la carne de caza, por ejemplo. Se avecinan también, grandes retos como la nueva ley de caza catalana y grandes conflictos que ya llaman a la puerta, como la propuesta de Ley de Protección, derechos y Bienestar de los Animales que pretende aprobar España. Aquí es donde la clase política debe demostrar que el apoyo al colectivo no sólo queda en palabras, sino en hechos. Ello implica excluir la caza de las disposiciones de esta nueva Ley. ¿Nos lo creemos?