Parlamentarios europeos desmontan la mentira animalista sobre los perros de caza

• El presidente del Intergrupo ‘Hunting, Country and Biodivesity’ ha denunciado la gravedad de que un organismo del Parlamento Europeo haga campaña ante las autoridades nacionales y regionales sobre un asunto que no es competencia de la UE
• Los informes de la Fundación Affinity y SEPRONA desmienten el número de perros abandonados cuando finaliza la temporada
• El Gobierno de España aclara que fueron 3 los cazadores fallecidos en accidentes de caza, no 52 que denunciaba el Intergrupo sobre Bienestar Animal

 

Álvaro Amaro, presidente del Intergrupo “Hunting, Country and Biodivesity” del Parlamento Europeo, ha trasladado al Presidente del Parlamento Europeo, al Gobierno de España y a las comunidades autónomas un documento (que puede verse al final de esta noticia) que aclara la situación de los perros de caza en España después de que el Intergrupo ‘Welfare and Conservation of Animals’ acusara a los cazadores de maltratar y abandonar sus perros sin datos contrastados y con informaciones engañosas.

Una vez que la Real Federación Española de Caza tuvo constancia de estas graves acusaciones a los cazadores españoles, las denunció inmediatamente al presidente del Parlamento Europeo, David-Maria Sassoli, y a los eurodiputados Clara Aguilera (PSE), Juan Ignacio Zoido (GPE), Isabel Benjumea (GPE) y Mazaly Aguilar (VOX), así como a la propia Federación Europea de Caza y Conservación (FACE).

La entidad federativa entiende que es muy grave la publicación de datos falsos que atentan contra la actividad cinegética, donde se mezclan cifras sobre perros abandonados en general en comparación con la de galgos, demostrando una falta absoluta de rigor que sólo busca crear confusión.

Según el informe oficial de la Fundación Affinity, un 11,6% de los perros son abandonados una vez finalizada la temporada de caza, aunque estos abandonos no están directamente relacionados con la actividad cinegética.

El SEPRONA también desacredita estas cifras, ya que según las estadísticas oficiales de denuncias al organismo, el número de galgos abandonados sólo representan el 10%.

Además, en la carta abierta del Intergrupo animalista se denunciaba que 52 personas perdieron la vida en accidentes de caza durante 2020, en un nuevo intento de criminalización del colectivo, cuando el propio Gobierno de España ha desmentido oficialmente esa información cifrando el número de decesos en 3.

Otro asunto de extrema gravedad que denuncia la RFEC y que refleja Álvaro Amaro es el exceso de funciones del Intergrupo sobre Bienestar Animal, cuestionando hasta la soberanía del Estado español y sus comunidades autónomas sobre un asunto que no es competencia de las autoridades europeas.

El presidente federativo, Manuel Gallardo, exige al Presidente del Parlamento Europeo “contundencia ante estas graves y falsas acusaciones a los cazadores españoles”, y solicita “una rectificación a los miembros del Intergrupo de Bienestar Animal por el daño causado al colectivo”.

Del mismo modo, ha querido “agradecer a Amaro, a los eurodiputados españoles y a FACE su implicación y su trabajo para que este nuevo ataque a la actividad cinegética no quede impune”.