Las entidades más representativas del mundo rural han dejado claro que es imprescindible desarrollar acciones de control de la fauna cinegética durante el estado de alarma para evitar daños irreparables en el campo español.
En concreto, Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), Federación Española de la Dehesa (FEDEHESA), Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, Real Federación Española de Caza (RFEC), Fundación Artemisan, Asociación Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (INTEROVIC), Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA) y Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) consideran que, a día de hoy, no hay una alternativa viable al control de poblaciones por parte del sector cinegético.
En este sentido, estas entidades han respaldado el informe técnico sobre “La importancia del control de fauna cinegética durante el estado de alarma”, firmado por un grupo de 17 científicos y expertos.
Este documento de carácter técnico “avala la posibilidad de efectuar el control de poblaciones cinegéticas durante el presente estado de alarma” en aquellos casos en los que se estén produciendo daños a la agricultura o a la ganadería y cumpliendo las normas de prevención sanitaria imprescindibles en estos momentos.
El informe recuerda que los animales salvajes provocan cada año en España entre 8.000 y 10.000 siniestros agrícolas. Por eso, las entidades del mundo rural señalan que el escrito lanzado hace unos días por organizaciones ecologistas para impedir estos controles poblacionales, en contra del criterio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, supone una enorme irresponsabilidad.
Así, insisten en que esta postura del sector ecologista muestra, una vez más, su profundo desconocimiento de la realidad del mundo rural y tiene el único objetivo de atacar con demagogia al sector de la caza, aún a costa de provocar un daño incalculable a miles de productores de toda España. Esto, añaden, supone una enorme irresponsabilidad que, de ser atendida, tendría consecuencias incalculables que, una vez más, recaerían sobre el sector del campo. Un sector primario que en la situación actual es aún más relevante si cabe, puesto que es el que garantiza el abastecimiento de alimentos a los ciudadanos mientras otros, desde sus despachos, les niegan, incluso, la posibilidad de proteger sus cultivos y sus reses. De hecho, en su escrito los ecologistas hablan en términos generales pero no plantean ninguna propuesta concreta, ni explican cuánto va a costar ni cómo ni cuándo lo llevarían a cabo.
Por eso, los representantes del mundo rural recuerdan que no se está hablando de daños futuros ni hipotéticos, sino que es algo real. A día de hoy ya hay explotaciones afectadas por toda España, con viñedos, nuevas plantaciones de cultivos leñosos o cultivos de cereal arrasados por conejos, jabalíes o ciervos; con corderos atacados por jabalíes y zorros; y con una situación de máxima alerta de sanidad animal en muchas ganaderías. Unas pérdidas de las que nadie se hace cargo y que parece que algunos no quieren evitar.
ARGUMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS
El manifiesto científico ha sido remitido hoy mismo a los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El documento deja claro que “la caza es una herramienta clave porque se utiliza para bajar las mantener las densidades de determinadas especies en el medio natural, cumpliendo así una función primordial en la resolución de los problemas mencionados”.
Asimismo, recuerda que no se trata de cazar, sino de “ponerse al servicio de la administración para llevar a cabo acciones de gestión que consisten en el control de algunas poblaciones de ciertas especies”. Además, para llevar a cabo estas acciones es necesario contar con autorizaciones expresas, sólo se haría en casos concretos y es posible cumplir con las normas sanitarias impuestas en estos momentos.
Por otra parte, los expertos remarcan las consecuencias de la elevada densidad de algunas especies cinegéticas en España, que son principalmente cuatro: daños a los cultivos (en los últimos años se producen en España entre 8.000 y 10.000 siniestros agrícolas causados por fauna silvestre); accidentes de tráfico (casi 9.000 al año se deben a especies de caza, según los últimos datos); persistencia de enfermedades de gran relevancia para la Sanidad Pública y Animal; y daños a los ecosistemas.