Reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, descontento generalizado

Con los votos a favor de PSOE y Podemos se aprobó en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha la modificación de la ley de caza de 2015 de esta comunidad, con el rechazo generalizado del sector cinegético.

Mientras que en el pleno de las Cortes el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, manifestaba que «esta ley es mejor que la que está en vigor», la Mesa Regional de la Caza, que integra a las asociaciones cinegéticas más representativas de la comunidad, entiende que esa nueva legislación obedece, más que a términos técnicos, a una «reforma ideológica inspirada y forzada por los grupos anticaza».

También alerta de la inseguridad jurídica que producirá ya que se plantea un sistema en el que la excepción prima sobre lo general y deja la resolución final de los conflictos al criterio particular de los funcionarios. Denuncia también que se ha cedido al representante de Ecologistas en Acción, organización que no supera el centenar de socios en Castilla-La Mancha y verdadero protagonista de las modificaciones de esta ley.

Por su parte, Fundación Artemisan también se muestra pesimista, sobre todo en lo referente a la caza nocturna y las esperas de jabalí, principales puntos desarrollados en el informe que ha realizado.

Y es que, a pesar de la alerta de la Comisión Europea de que en la actualidad la caza no es un método de control suficiente por sí solo para evitar la sobrepoblación de jabalíes y muestra su preocupación por el consiguiente avance de la peste porcina africana (PPA) y la tuberculosis por Europa, cuando los datos sobre muertes por atropello de animales muestran que la especie responsable de la mayor parte de las mismas es el jabalí y cuando este ungulado crea todo tipo de problemas en la agricultura y los núcleos urbanos, la Administración castellanomanchega pone más trabas para reducir su número, prohibiendo las esperas de jabalí como modalidad cinegética, autorizándose solo con carácter excepcional cuando concurran una serie de motivos, que habrá que justificar para obtener una autorización excepcional.

Otro punto que ha sido motivo de crítica son los artículos que hacen referencia a las restricciones que la actividad cinegética pueda ocasionar en el uso de caminos o vías de uso público, pasando a ser considerado como infracción grave el hecho de que se «realicen actuaciones que de modo directo o indirecto puedan producir restricciones en el libre tránsito de caminos o vías de uso público».

Términos estos, «directo» e «indirecto», absolutamente indeterminados. Al igual que afirman que no existen vías públicas que tengan uso privado ni vías privadas que tengan uso público.

También lamentan que se priorice la captura en vivo de los animales asilvestrados, desoyendo absolutamente a la comunidad científica respecto a la necesidad de regular las poblaciones de estas especies. Asimismo se muestran contrarios a la ampliación de las zonas de seguridad a los parques eólicos.

Otro punto destacable es la exención de la tasa de las licencias de caza y de pesca a los jubilados mayores de 65 años, con objeto, según afirman, de facilitar la actividad a los cazadores con menos recursos, algo sin duda encomiable, pero ¿qué ocurre entonces con los más jóvenes?

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha manifestado que la nueva ley es «injusta» con los cazadores, además de asumir competencias de responsabilidad estatal, por lo que cree que es inconstitucional.

LA FEDERACIÓN SECTORIAL ARMERA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN 

Se prohíbe expresamente el calibre 22 y todos  los calibres inferiores, como el 17 HMR

La justificación esgrimida para prohibir estos calibres es su poca capacidad de muerte rápida en las piezas de mayor tamaño, lo que provocaría un gran sufrimiento en las piezas de caza mayor, cuando en realidad estos calibres son empleados para abatir especies de caza menor y, sobre todo, se utilizan en el control de predadores, para lo que son muy efectivos, además de que evitan la necesidad de recurrir a otros sistemas que exigen una previa captura en vivo y su posterior sacrificio, que estresan más a la fauna objetivo. Otra ventaja en este sentido es la limitada detonación del disparo, que también reduce el estrés del resto de la fauna y contribuye al bienestar animal.

Para la FSA, con esta reforma se limitan los derechos de los cazadores, solo por aceptar las reclamaciones absurdas e infundadas del ecologismo radical.

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