La caza en Canarias es una actividad ancestral de gran arraigo, que forma parte de su acervo cultural. Como tal, ha venido sufriendo desde los años 80 un paulatino deterioro, materializado en una disminución aproximada del 60% del total de licencias otorgadas a nivel autonómico.
Analizando esta cuestión, múltiples y de diferente naturaleza han sido las causas conducentes a esta situación; antrópicas, ambientales o inherentes al propio desarrollo de la actividad, como son entre otras; las enfermedades víricas y la liberación de conejos híbridos, el abandono paulatino del agro, la antropización del territorio, los predadores asilvestrados, el déficit de vigilancia, la sobreexplotación del recurso y la disminución del régimen pluviométrico.
A nivel de gestión, debe añadirse una administración indolente con lo cinegético, sin invertir lo necesario, no dotando sus servicios con técnicos especialistas ni ejerciendo satisfactoriamente sus competencias, para salvaguardar y ordenar el recurso conforme al marco legal vigente. Pero más desconcertante es la actitud del propio colectivo, sin buscar soluciones, enfrascado en luchas internas entre federados y no federados, politizando la caza, desarrollando egoísmos insularistas y promoviendo aprovechamientos insostenibles. Con un claro déficit en una educación ambiental, que promueva el ejercicio sostenible y ético de la caza, prevaleciendo ahora actitudes como; “para que lo coja otro, lo cojo yo”, valorizándose la cantidad de capturas, frente a la forma de hacerlas.
El marco autodestructivo descrito, avoca la actividad a la desaparición, sin necesidad de la implementación de agentes externos, como animalistas y conservacionistas anti-caza.
El colectivo debe reflexionar profunda y desinteresadamente, con altura de miras, y en particular sus dirigentes, integrando y acercándose a los cazadores, implicándose en una gestión técnica del recurso que promueva su ordenación, fomento y aprovechamiento sostenible, más allá de la organización de pruebas deportivas y el mantenimiento de las cuotas de socios, que nada tienen que ver con el desarrollo intrínseco y la viabilidad de la caza.
Y no, esta situación no es achacable únicamente a las enfermedades o a la falta de lluvia, que influyen, pero no son determinantes. Lo es a un colectivo que debe interesarse cuanto antes en la conservación, mejora y armónico desarrollo de la actividad, y no solo en cazar. Es momento de reunir a los agentes implicados; federación, asociaciones de cazadores, administraciones competentes y técnicos en la materia, para redefinir y establecer tanto los objetivos como el modelo futuro de gestión. Para ello, deberá permitirse trabajar a los técnicos y olvidarse de intereses espurios, y principalmente unirse en la exigencia del adecuado desarrollo de sus competencias a las administraciones publicas.
No vamos bien, solo debe observarse la evolución de los datos de licencias, para atisbar ya un traumático y prematuro final para esta bella y noble actividad, imprescindible en una gestión ambiental moderna.
Y si como viene sucediendo hasta ahora, nadie aceptara su responsabilidad, entre todos la habrán matado, y ella sola morirá, aunque, aún estamos a tiempo.
Paulino J. García Alvarado
Veterinario
Máster en gestión de recursos cinegéticos