Los cazadores indignados por la absolución de “Lobo Marley”

Suele ser costumbre no escrita entre los ciudadanos que defienden la Ley, de la que suele hacer gala pública fundamentalmente la clase política, el respeto a las decisiones  judiciales, aunque no se compartan.

A las personas que aún piensan que el respeto a los demás está garantizado por las leyes vigentes cada vez les resulta más difícil confiar en esta máxima ante las frecuentes e incomprensibles decisiones judiciales que parecen defender más los derechos de los antisistema que los de los ciudadanos que vivimos permanentemente confiados al imperio de la Ley y como tal la respetamos.

No conocemos si, como parece que entiende su señoría, no se ha podido demostrar que el daño se produjo efectivamente contra las mismas casetas que luego aparecieron destruidas, pero lo que sí sabemos y está demostrado es que publicaron un vídeo derribando tres casetas del tipo de las utilizadas para el control del lobo, que rotularon el video como grabado en Sierra de la Culebra y que se jactaron en tono jocoso de estar acabando con estas instalaciones para evitar su utilización. También está demostrado que aparecieron tres de estas casetas destruidas en la Sierra de la Culebra. ¿”In dubio pro reo” o “blanco y en botella”?

Los que conocemos y sufrimos día a día al colectivo animalista sabemos perfectamente que nos jugamos los cuartos con los de siempre; un grupo de radicales que no respetan al resto de los ciudadanos que, conforme a las leyes, desarrollan actividades perfectamente reguladas que en algunos casos constituyen su medio de vida, contra los que atentan con su violencia verbal (utilizando las actuales redes de comunicación y sociales), o física, por no pensar como ellos.

Es necesario decir muy alto y muy claro, para que de una vez por todas el mensaje interesado y violento de estos grupos no cale en el resto de la población que desconoce esta realidad y no está posicionada en un sentido u otro, que, tal y como demuestran los estudios científicos realizados por los mayores expertos a nivel nacional en el estudio del lobo ibérico, en los últimos años, las poblaciones de este depredador están en clara expansión en Castilla y León y, afortunadamente, el emblemático cánido no tiene ningún peligro de extinción, sino todo lo contrario.

Desde el respeto a las poblaciones animales, pero también a su debido control en defensa de los intereses de las personas, sus bienes y el resto del patrimonio animal, es de sobra conocido por todos los sectores afectados, que en la actualidad es necesario un control exhaustivo sobre las especies de caza mayor que, en muchos casos, están en superpoblación y están provocando daños a las personas (accidentes en carretera) y sus bienes, agricultura y ganadería, y por lo tanto exigen una intervención que garantice la defensa de todos los intereses.

En Castilla y León las poblaciones del cánido están perfectamente investigadas y contabilizadas sus manadas mediante estudios científicos. La propia Administración Regional ha creado una Comisión del Lobo que valora anualmente el número de ejemplares que deben ser abatidos en cada zona, con un método de extracción estrictamente controlado, que garantiza no superar el número de ejemplares que se ha determinado. Esta rigurosidad ha venido provocando precisamente un incumplimiento sistemático del plan de capturas establecido al no alcanzarse los cupos previstos, con la consiguiente indignación del colectivo ganadero que viene sufriendo continuos ataques a su cabaña.

Recientemente, miembros de la Comisión Europea estuvieron analizando in situ en el propio campo de Castilla y León, con técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, la progresión de esta especie y la obligación de controlar sus poblaciones.

Los cazadores no tenemos un especial interés en el lobo; es más, en muchos casos no compensaría su interés cinegético por la responsabilidad que por sus daños nos atribuye la Ley, pero reconocida la necesidad de su control por todos (excepto los de siempre, eso sí, respondiendo con el patrimonio ajeno), ¿no será más lógico que ese control reglado lo desarrollen ciudadanos que generosamente pagan este aprovechamiento generando riqueza y no que, como ocurre en algún caso, lo tenga que hacer la guardería de la Administración, que no sólo no paga sino que genera coste al erario público?.

La verdad es la que es, se vista como se vista. Lamentablemente, la radicalidad, el contagio social, el victimismo animal, cala actualmente en la sociedad más que la realidad. Lo malo es que parece que también distorsiona la actuación de la Administración en todos sus poderes.

Federación de Caza de Castilla y León