La Real Federación Española de Caza (RFEC) denuncia «la política de acoso y derribo de las instituciones europeas contra la caza» tras el último episodio ocurrido sobre el actual dictamen de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) sobre la restricción del plomo en la munición. El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, afirma que esta postura anticaza «aumenta el sentimiento antieuropeísta de muchos ciudadanos» y que no existe en el desarrollo de las normativas europeas en «ejemplo de transparencia» con un afán de legislar «por y para todos los ciudadanos, no solo para el ecologismo radical».
La Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) toda la información que estaba en posesión de la ECHA para elaborar el dictamen sobre la restricción del plomo como munición. La EFSA tardó más de siete meses en tramitar la solicitud, ampliando el plazo en varias ocasiones, haciendo oídos sordos y no facilitando en el plazo los documentos e informes que forman parte del expediente sobre la evaluación del riesgo para la salud humana acerca de la ingesta de carne de caza abatida con plomo.
Una vez finalizada el periodo de consulta pública, la FACE recibió la documentación, pero ya fue imposible alegar en nombre de los 7 millones de cazadores europeos a los que representa. Su presidente, Torbjörn Larsson, explica en un comunicado que no es la primera vez que los cazadores europeos experimentan la dejadez u omisión administrativa. «La frustración de la FACE se suma a otro caso de administración inadecuada en mayo de 2020, cuando los políticos nacionales y europeos expresaron su preocupación por la gestión de la Comisión Europea (DG de Medio Ambiente) sobre la restricción del plomo en los humedales».
Ante la denuncia del caso por parte de la FACE, la actual Defensora del Pueblo Europeo, la irlandesa Emily O’Reilly, ha reconocido que la EFSA ha incurrido en «mala administración» al tratar la solicitud de acceso del demandante a la información y, «específicamente, su incumplimiento de los plazos establecidos en la legislación de la UE sobre el acceso público a los documentos», señalan desde la FACE.
En su informe de recomendaciones, la Defensora del Pueblo Europeo explica que la EFSA debería poner fin a su práctica de ampliar los plazos prescritos más allá de 30 días hábiles y tendría que «proporcionar a los solicitantes una lista de los documentos específicos que identifica en una fase temprana, para que los solicitantes puedan aclarar su solicitud, si es necesario».
Desde la Federación Europea de Caza y Conservación se ha solicitado la reapertura de la consulta pública sobre la ingesta de carne de caza, abatida con plomo. La FACE denuncia que no se han respetado los principios fundamentales de la UE de transparencia y Estado de Derecho, siendo «necesario un cambio de rumbo para garantizar el juego limpio».