El sector de la caza clama contra el Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal puesto en marcha

El Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales ya se encuentra en el Congreso para su tramitación parlamentaria. El sector de la caza quiere frenarlo y clama en protesta ante la aprobación de un texto que perjudicaría gravemente al mundo cinegético y al sector rural porque en él se incluyen a los perros y hurones empleados en la caza, a los perros pastores y de guarda del ganado y a las aves de cetrería como «animales utilizados en actividades específicas». Luis Fernando Villanueva, director de Fundación Artemisan, acusa al Gobierno de no cumplir su acuerdo de excluir a los animales auxiliares de caza de la norma, «lo que lógicamente delata su clara intención de querer acabar con la actividad cinegética».

Villanueva explica que los perros de caza son «clave» para la práctica de la caza, y «especialmente las rehalas para el control de ungulados silvestres», por lo que el director de Artemisan augura que, de aprobarse esta ley, «desaparecerán a corto plazo si los propietarios se tienen que convertir en criadores profesionales, como si se dedicaran a vender perros cuando no lo hacen, ya que únicamente aseguran la descendencia y el futuro de su explotación». Que una ley de “bienestar animal” obligue además a castrar a todos los animales cuando estén juntos machos y hembras resulta, para Villanueva, «un dislate».

Desde la Real Federación Española de Caza (RFEC) también denuncian el incumplimiento del PSOE en su compromiso para evitar que los animales auxiliares para la caza se vean afectados por esta Ley, y recuerdan que fue el diputado socialista Juan Francisco Serrano el que «ratificó», en las jornadas sobre la Ley de Bienestar Animal que fueron organizadas en junio por Artemisan y El Mundo, que su partido se comprometía a «dejarlos fuera del borrador porque no se pueden comparar con animales de compañía».

Asimismo, el incumplimiento del acuerdo se ve incrementado tras lo acordado durante la reunión mantenida por la RFEC y la Oficina Nacional de la Caza (ONC) con la Ejecutiva del PSOE el 29 de marzo, en la que los políticos se comprometieron a excluir a los animales auxiliares de la caza del Anteproyecto de Ley. «Estamos por tanto ante un nuevo ataque al sector de un Gobierno entregado al animalismo y a mantener la coalición con Podemos por pura supervivencia», denuncian desde la entidad federativa. La RFEC acusa además al Gobierno de hacer este proceso legislativo con «absoluta falta de transparencia, en pleno mes de agosto, cuando la mitad del país está de vacaciones».

Emilio Jiménez, gerente de la Asociación Española de Organizadores de Monterías (AEOM), muestra su «rotundo rechazo a lo que consideramos un paso más en la voluntad inequívoca e irreversible de este Gobierno de prohibir la caza o acotarla lo máximo posible». Afirma que desde su asociación, como miembros de la ONC, emprenderán «cuantas acciones conjuntas se decidan acometer en contra de este nuevo ataque a la actividad cinegética y al mundo rural». Jiménez señala que «en este asunto no podemos hacer la guerra cada uno por nuestra cuenta y es necesario mostrar la mayor unidad y contundencia posible».

Por su parte, Alfonso Aguado, presidente de la Asociación Española de Rehalas (AER) califica de «desviación de poder» el hecho de crear una normativa de “bienestar animal” para limitar la actividad cinegética, y sostiene que hablar de derechos de los animales «es completamente contrario a la más mínima base jurídica». Este rehalero y cazador califica la ley que se pretende aprobar como un cúmulo de «ideologías utópicas» y augura que se trata de una norma «condenada al fracaso».

Artículos contra el cazador y acción conjunta

El texto que se ha registrado en el Consejo de Ministros este martes —2 de agosto, día 22, a las 14:31:50— recoge, entre sus condicionantes para el cazador, aspectos como los recogidos en el Artículo 39, relativo a los Perros y hurones que desarrollan actividad cinegética, señalando que «deberán estar inscritos como tales en el Registro de Animales de Compañía, además de estar vinculados en el mismo a la licencia de caza u otro título habilitante para la actividad cinegética de su titular o responsable». Asimismo, los propietarios de perros y hurones que quieran criar con ellos deberán realizar un curso de formación e inscribirse en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

El Artículo 32.1 va más allá en cuanto a limitar la actividad cinegética y podría suponer el fin de modalidades tan relevantes como la perdiz con reclamo porque establece la prohibición, «tenencia, cría y comercio de animales de fauna silvestre en cautividad que no estén incluidos en el listado positivo de animales de compañía».

Las entidades del sector de la caza consultadas han manifestado de forma unánime que se encuentran trabajando en medidas para aportar a los Grupos Parlamentarios que debatirán el Proyecto de Ley en la Cámara Baja. Desde Artemisan confirman que están contactando con todos los grupos políticos «para que sean conscientes del ataque que estas normas suponen para el mundo rural en  general y la caza en particular». Por su parte, la RFEC trabaja «de forma coordinada con el resto de Federaciones Autonómicas» en defensa de la actividad y el sector a través del trámite parlamentario puesto en marcha. Todos, afirman, se sumarán a cuantas iniciativas se convoquen «para intentar poner freno a esta deriva legislativa sin sentido».

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