Dentro de la parrilla de televisión de Canal Extremadura existe un espacio semanal que aborda la realidad social extremeña y asuntos de actualidad con el propósito de ofrecer nuevos enfoques y puntos de vista. En uno de sus programas de la pasada temporada, las cámaras se pegaron a una varias patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para conocer su quehacer diario. Una de las visitas se hizo a las instalaciones donde se alberga una rehala en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara.
Los agentes del Seprona indican que su labor referente al control de animales en este ámbito reside en comprobar que los perros se encuentren en buen estado y en buenas condiciones de salubridad, teniendo que estar identificados mediante el pertinente microchip y cartilla o pasaporte. El propietario de la rehala afirma que siempre colaboran con los agentes en sus inspecciones, y una vez más pone a su disposición cada uno de sus perros. Los agentes proceden a leer las identificaciones mediante el lector de microchips y comprobar los pasaportes.
Ante la pregunta de si todos los perros tienen nombre, el rehalero afirma con rotundidad que sí y que cada uno atiende al suyo. «Lógicamente», asevera, se conoce el nombre de los 66 que hay en la perrera. Surgen las risas cuando empiezan a nombrar algunos —Ventura, Buendía— porque tienen nombres de rejoneadores. «Bueno, cada uno tiene su afición», dice uno de los presentadores del programa.
«Ellos son amantes de los animales como todo el mundo. Los quieren porque son suyos, pero es que trabajan con ellos», explica un cabo primero de la Guardia Civil que participa en la inspección. A pesar de ello, el Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal que se tramita actualmente en el Parlamento español recoge que todos los animales auxiliares empleados en la caza, como perros, hurones y aves de cetrería, quedarán sujetos a esta normativa animalista a pesar del general rechazo de todo el sector.
La Asociación de Rehalas Regionales Española Caza y Libertad (Arrecal) solicitó en marzo una enmienda a la totalidad para que el anteproyecto que hoy se encuentra en trámite parlamentario se revisase y modificase por completo. Desde Arrecal sostienen que la normativa que se pretende aprobar genera inseguridad jurídica y plantea serias limitaciones para el ejercicio de la actividad cinegética que en la práctica haría imposible la caza.