Derrochan 335.000 euros públicos para matar 50 arruís y abandonarlos en el campo

La Administración canaria ha destinado casi 335.000 euros para abatir 50 arruís y 3 ovejas asilvestradas dentro de la estrategia de erradicar especies invasoras que establece la Ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Este ha sido el coste de los trabajos realizados en 2021 por la empresa Gesplán S.A. en la isla de La Palma. Desde la Asociación Cazadores de Canarias Siete Islas afirman que estos datos son «para mear y no echar gota».

La Consejería del Gobierno de Canarias de Transición ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial ha informado del gasto realizado para la campaña de erradicación del arruí en La Palma por un valor de 334.970,88 euros. Desde un principio, cuando se estableció el rango de especie invasora para el arruí o carnero del Atlas (Ammotragus lervia), los cazadores isleños se ofrecieron para realizar los trabajos de erradicación de la especie sin generar gasto de dinero público. La actividad cinegética fomenta la economía local (pernoctaciones en hospedajes, consumo en hostelería, combustible, seguros de caza, equipamiento, beneficio en compañías aéreo-marítimas, etc.) y han obtenido un resultado en las campañas de caza que acreditan el abatimiento de mayores cifras de arruís, a la vez que se aprovecha la carne de los animales abatidos.

La Asociación Cazadores de Canarias Siete Islas muestra su incredulidad ante este despilfarro público, que consideran una «alarmante irresponsabilidad moral», además del asombro de comprobar cómo se han dejado los animales abatidos en el campo. El “Plan de gestión del arruí para la isla de La Palma” que elaboró la empresa adjudicataria de esta acción de erradicación es un proyecto, para la Asociación canaria, «cruel e inaceptable en aspectos éticos y morales en el cronograma del programa enviado, donde se fomenta matar aquellas hembras de arruí en el momento de la cría y la lactancia con el objeto de, no sólo aumentar la detectabilidad de los ejemplares, sino también la de lograr la muerte por hambre de la cría al no poder alimentarse de la madre abatida».

La Administración va a a proseguir en 2022 con la tarea de erradicación del arruí, a pesar del elevado coste y escasa eficacia que ha resultado después de la anterior campaña.

Desde la Asociación Cazadores de Canarias Siete Islas insisten en la defensa de la actividad cinegética «como una herramienta efectiva, que genera economía y que se comporta de una manera más ética en la muerte de los animales». Estos cazadores apuestan por la caza como generadora de riqueza local, ahorrando a la Administración un gasto público innecesario. «Frente a la crueldad de pretender abatir a las hembras parturientas para conseguir la colateral muerte de las crías al no poder amamantarse, nuestra Asociación aboga por un aprovechamiento ético y moral del recurso».

Fuente La Voz de La Palma

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