Nueve comunidades piden al MAPA que reconsidere su postura sobre la codorniz
Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia piden por carta al Ministerio de Agricultura que reconsidere su posición.
Extremadura, junto a Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en la que expresa su rechazo a asumir la recomendación de la Comisión Europea de restringir la caza de la codorniz común (Coturnix coturnix) sin un criterio científico claro.
La iniciativa, impulsada por la Junta de Extremadura, está firmada por el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, y sus homólogos autonómicos. En la misiva solicitan que se reconsidere la posición del Ministerio, eliminando o revisando medidas que impliquen restricciones automáticas, homogéneas o desproporcionadas, así como que no se traslade la existencia de un consenso autonómico que, según indican, no se da en los términos expuestos.
Asimismo, reclaman un marco de trabajo realmente cooperativo con las comunidades autónomas y que la posición española tenga en cuenta la realidad del medio rural, la relevancia socioeconómica de la actividad cinegética y la necesidad de evitar cargas administrativas innecesarias.
Las comunidades consideran improcedente atribuir respaldo general a propuestas que suponen más restricciones, mayor carga burocrática y posibles cambios en las órdenes de veda y regímenes de aprovechamiento vigentes.
Preocupación por nuevas restricciones
El documento expresa una “seria preocupación” por medidas como la introducción de mecanismos automáticos ligados a variables climatológicas, la reducción de jornadas hábiles, la imposición de cupos homogéneos y la implantación de sistemas de control no suficientemente contrastados técnica y administrativamente.
Las comunidades recuerdan que la gestión cinegética requiere una aproximación rigurosa, pero también territorializada y proporcionada, y rechazan soluciones uniformes para realidades distintas.
Por último, reiteran su compromiso con una gestión sostenible basada en datos. La Junta de Extremadura considera que la postura del MAPA es lesiva para el sector cinegético y el medio rural, y advierte de que puede afectar a la economía ligada a la media veda y a la lucha contra la despoblación.
