Este martes, último día de presentación de alegaciones al Anteproyecto de Protección y Derechos de los animales promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Fundación Artemisan ha registrado un documento de 14 páginas con argumentaciones para que la normativa que pretende aprobar el Gobierno no salga adelante tal como se ha previsto. Hoy mismo se ha sabido que el PSOE, tras una reunión con representantes de la Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Oficina Nacional de la Caza (ONC), se compromete a excluir a los animales auxiliares de la caza de dicho texto.
En primer lugar, Artemisan pide la retirada total del anteproyecto por su clara tendencia animalista y su fuerte carga ideológica, así como por la ausencia de criterios científicos y por la nula participación de los sectores afectados, que mayoritariamente se han posicionado en contra. La Fundación defiende que se parte del concepto equivocado de querer equiparar los derechos de los animales con los de las personas y critica que imponga la castración de animales, así como la prohibición de cría por parte de particulares, algo absolutamente injustificable.
Artemisan recuerda que la comunidad científica se ha posicionado claramente en contra del anteproyecto y que la definición de maltrato animal reflejada es contraria a la legislación europea. Además, recuerda que la legislación europea impide que determinados animales, como perros, gatos y hurones sean considerados per se animales domésticos, como pretende la ley.
De no admitirse la retirada definitiva del anteproyecto, Artemisan solicita numerosas modificaciones en el texto. La primera de ellas, que se excluya de forma expresa a los perros de caza, así como los de pastoreo y vigilancia, se ha resuelto en parte tras el compromiso del PSOE en reunión con la RFEC y la ONC.
Artemisan también solicita que se excluyan los animales silvestres, incluidos los que estén en cautividad o se críen con fines cinegéticos, que ya son objeto de una regulación específica tanto internacional, como nacional y autonómica.
Además se pide la retirada total del título V ‘Inspección y vigilancia’, por ser contrario al ordenamiento jurídico, ya que prevé la obligación de las personas poseedoras de animales de permitir la realización de inspecciones sin existir mandato judicial previo o la instalación de sistemas de videovigilancia en instalaciones donde se manipulen o sacrifiquen animales, lo que supone una clara colisión con el derecho a la intimidad y a la propia imagen.
El anteproyecto cuenta con un capítulo exclusivamente dedicado a las colonias felinas, como si fuera la especie más necesitada de protección. En este sentido, Fundación Artemisan recuerda que no se han tenido en cuenta los estudios científicos que señalan los efectos perniciosos sobre la conservación de la fauna salvaje que generan los gatos callejeros.