El pasado 25 de marzo se reunieron de forma semipresencial, para la junta interterritorial de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), veterinarios de todas las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla para abordar los contenidos del Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales. Destacaron «de forma unánime» el sesgo animalista del texto y el papel poco relevante que se ha dejado a los veterinarios en su redacción, a pesar de ser los profesionales cualificados por excelencia en ámbitos como la salud y el bienestar animal.
Los veterinarios consideran que una normativa que pretende luchar contra el abandono de animales debería mejorar los niveles de identificación de los mismos y no recurrir a una esterilización generalizada. María Luisa Fernández, vocal de Pequeños Animales del Consejo General, insiste en la identificación antes que emplear la esterilización obligatoria como procedimiento para frenar el abandono, porque esta «solo debe efectuarse de forma individualizada y siempre bajo criterio veterinario, para evitar posibles problemas de salud y etológicos». Añade que son muchos los grupos científicos y sociedades internacionales contrarios a esta medida de manera general y por sistema, y que solamente debería aplicarse teniendo en cuenta la posibilidad de esterilizaciones de carácter reversible.
Sobre el maltrato animal que sirve de justificación para la redacción de esta ley, Fernández considera que son las clínicas veterinarias el primer escalón entre la sociedad y las autoridades para difundir los derechos de los animales y detectar posibles infracciones a la normativa que los protege. «Somos los técnicos competentes para valorar y aplicar esta normativa, tanto en inspección de núcleos zoológicos como en casos de maltrato. La primera valoración sobre maltrato debe hacerla un veterinario forense, figura que la Ley sorprendentemente no incluye y que es imprescindible”, advierte.
Los profesionales del campo veterinario reunidos denuncian que su profesión queda excluida del texto legal porque «solo hay una mención a los veterinarios como integrantes del Consejo Estatal de Protección Animal, junto a representantes ministeriales y “expertos de reconocido prestigio”, para aportar datos estadísticos a las autoridades, pero quedan fuera de otros órganos». El Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales no especifica la temporalidad de los reconocimientos veterinarios recomendados y excluye a los centros privados para la atención veterinaria de 24 horas.
Los veterinarios reclaman que la normativa que se pretende aprobar debería ser «mucho más clara» en lo referente a la «identificación de todos los animales cuya tenencia, venta y comercialización esté permitida como animales de compañía». Fernández considera que esta identificación se debería realizar de forma «efectiva» en los reconocimientos veterinarios que se realizan a los animales.
La OCV entiende que el sacrificio cero de animales enfermos defendido en la normativa que se quiere sacar adelante generará situaciones complicadas cuando un animal sufra una patología grave pero tratable y el propietario no pueda asumir su coste «porque puede ocurrir que el ejemplar tenga entonces una notable merma en su calidad de vida, incluso con cuidados paliativos, próxima al maltrato».
Sobre las colonias felinas, que se pretenden mantener en las calles y favorecer su expansión, Fernández entiende que esto supone un error, porque «lo lógico sería apostar por su progresiva reducción, por motivos de bienestar de los propios animales y de salud pública».