Los galgueros, como la caza en general, siempre han estado en el punto de mira de determinados colectivos. ¿Pero es realmente merecida esta fama o se trata de un prejuicio basado en las calumnias e infamias que se vierten sobre nuestro sector?
El problema canino de España da pie a que se produzcan una serie de irregularidades que voy a tratar de exponer de manera pragmática y resumida en este artículo para que luego, en futuros trabajos, pueda escribir largo y tendido de este tema que, sin razón alguna, está poniendo en entredicho a España en todo el planeta. Lo malo es que nos están calumniando con mentiras y oscuros intereses que, una vez más, hieren de lleno a un mundo rural que agoniza a pasos agigantados.
Las competencias caninas son autonómicas, y en el ámbito estatal siempre echaron balones fuera poniendo por pantalla a la Real Sociedad Canina de España (RSCE), que sólo admite una sociedad de raza a nivel de Estado. Por este motivo podemos encontrarnos con casos tales como el del perdiguero de Burgos, en el que, a pesar de existir una única raza, hay dos entes inscritos en Burgos que llevan los libros genealógicos que exige la comunidad de Castilla y León. Ambos son legales, pero la RSCI sólo admite a un ente en su seno por imposición de la Federación Cinológica Internacional (FCI). Y además no es obligatorio inscribir a los perros de raza en ningún registro de éstos.
Sólo lo es el microchip, del que se encargan los veterinarios como entidades delegadas de las autonomías… y en cada región es diferente. Habrá un censo autonómico actualizado o sin actualizar en cada autonomía, pero lo darán (si pueden) cuando a ellas les convenga.
Como en tantos otros temas, no hay nada reglado en este asunto a nivel nacional. Sepan que la opacidad estadística de las autonomías de España, e incluso las del propio Estado, dificulta las cuentas autonómicas y las generales.