El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falla a favor de la Federación Guipuzcoana de Caza

El Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco falla a favor de la Federación Guipuzcoana de Caza en el segundo recurso que ésta interpuso contra la orden de la zona de seguridad que incluía Ulía y prohibía la caza en la zona. Tres años han pasado desde que los cazadores guipuzcoanos ya ganaran el primer recurso contra la Orden Foral de la Diputación de Gipuzkoa.

Entonces la sentencia anulaba la zona de seguridad por motivos de forma, pero esta vez la sentencia anula parcialmente la orden por motivos de fondo.

La FGC ha defendido en su recurso que la actividad cinegética es totalmente compatible con el resto de usos que podría tener el monte Ulía, tal  y como ocurre en el resto de líneas de caza de la provincia.

La Federación Guipuzcoana negó en su recurso que existieran problemas de seguridad, como los ecologistas argumentaban en varios informes, y aportó el histórico de denuncias de la Diputación de Gipuzkoa, en el que no existían denuncias ni atestados; y reclamó también el fin expropiatorio de las líneas de paso tradicionales, alegando un grave perjuicio a los cazadores.

Con todo ello, el TSJPV ha decidido anular parcialmente la orden que prohibía la caza, dando la razón a la Federación Guipuzcoana en el contencioso.

En la elaboración de los recursos, la Federación Guipuzcoana ha contado con la colaboración de la Federación Vasca de Caza, que aportó los informes medioambientales  necesarios para avalar su tesis con el asesoramiento también del biólogo colaborador de dicha entidad, Antonio Bea.

La sentencia resuelve un conflicto que comenzó en 2010 con varios episodios. Ahora que la Justicia ha vuelto a fallar en favor de los cazadores guipuzcoanos, habrá que ver la actitud que toma la Diputación de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de Donostia y Pasaia gobernados por PNV y PSE , al respecto.

Mientras tanto, desde la Federación Guipuzcoana y sus sociedades se tiende la mano a la Diputación Foral para negociar una salida a este conflicto, al que los propios cazadores no hubieran querido nunca llegar. La FGC y sus sociedades están dispuestos a alcanzar acuerdos con el ente foral para poder cazar de forma regulada como se venía haciendo hasta la prohibición del año 2012.