Varias entidades del mundo rural de Castilla La Mancha muestran un rechazo total al borrador de Decreto que ha salido a información pública y que regula la gestión del águila imperial ibérica, un Decreto que afecta a 341 términos municipales como Áreas críticas y 159 como Áreas de dispersión, en total 500 términos municipales, un total del 55% de la región. Un borrador para el que no se ha contado con ninguna entidad del mundo rural.
Para estas asociaciones, no se pueden establecer limitaciones para una especie que ha superado las 500 parejas, gran parte de ellas presentes en la región, gracias al esfuerzo de la misma gente del medio rural a la cual se establecen limitaciones.
En la “Clasificación y regulación de usos, aprovechamientos y actividades en áreas críticas y zonas de dispersión”, se produce una importante limitación de usos al control de especies de caza mayor o menor como el conejo, que provocará problemas de daños a los cultivos agrícolas, exigiendo un informe técnico de evaluación de daños para pedir dichos permisos.
Otro de los puntos de conflicto es que se abre la posibilidad de limitar la actividad agraria, cinegética o forestal “cuando resulte necesario preservar la tranquilidad en las inmediaciones de las zonas de nidificación…”. Es decir, se puede llegar a prohibir la actividad cinegética o los usos agrarios en las zonas de nidificación dentro y fuera de las áreas críticas en un radio de 1.000 m. Asimismo se producen limitaciones para las actividades forestales en un radio de 1.000 m. en torno a los nidos, incluso situados fuera del área crítica.
En cuanto a los cuarteles comerciales de caza, territorios cinegéticos en buena parte responsables del crecimiento exponencial de la especie, se ponen muchas limitaciones a su constitución y se prohíbe la munición con plomo en 2 años, cuando esta prohibición fuera de humedales no está presente en ningún territorio de España y , sobre todo, cuando no hay ningún estudio que demuestre la afección del plomo a las águilas imperiales.
En definitiva, este Decreto ha puesto de acuerdo a toda la gente del mundo rural dado que en lugar de reconocer la labor que se ha hechos desde los municipios y desde los titulares de cotos en llegar a una cifra de 500 parejas en muy pocos años, se ha regulado como si se tratara de una especie en peligro de extinción, lo que provocará un rechazo generalizado de la sociedad.