Los propietarios de fincas en el PN de Cabañeros califican de «pésima» la gestión del Gobierno para controlar ungulados

La Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros denuncia públicamente la gestión que se está haciendo en el Parque Nacional de Cabañeros calificándola como «pésima». Así lo ha manifestado su portavoz, Rafael Sánchez Pérez de Villlaamil, refiriéndose a la intención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de controlar la sobrepoblación de ciervos y jabalíes dentro del espacio natural sin haber llegado a un acuerdo con los propietarios.

Pérez de Villaamil recuerda que la Administración castellanomanchega advirtió un problema de sobrepoblación de ungulados en Cabañeros y fue entonces cuando autorizó a los propietarios de las fincas englobadas dentro del parque nacional a «matar 400 animales en las modalidades de rececho y espera en veinte días». Recordemos que desde diciembre de 2020 se prohíbe la caza dentro de los parques nacionales se lo establece la Ley 30/2014.

Los propietarios de las fincas de caza en Cabañeros alertan de los daños «ya evidentes» que está causando la sobrepoblación de ungulados sobre la vegetación debido a que la Ley de Parques Nacionales prohíbe la caza comercial y deportiva. El portavoz de la Asociación de Afectados califica de «poco eficaces» las acciones de la Administración para el control del exceso de jabalíes y ciervos. Achaca inactividad de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) y del Transición Ecológica (Miteco) ante la ausencia de medidas con los propietarios de las fincas afectadas.

Pérez de Villaamil reconoce que «se van acercando posturas» tras varias reuniones, pero afirma que desde finales de diciembre de 2021 siguen esperando «una decisión oficial» para fijar indemnizaciones y abordar los nuevos planes de gestión de las poblaciones de ungulados en Cabañeros. «La Administración no habla de la financiación de esos controles, pero si prohíbe la caza tendrá que hacerse cargo económicamente de la nueva planificación», afirma el portavoz.

La Ley de Parques Nacionales de 2014 considera la caza una actividad incompatible en estos espacios protegidos, por lo que «se deben establecer las indemnizaciones por los derechos existentes», aspecto que, según informa el Miteco, «se ha venido abordando hasta la fecha con todos los parques nacionales afectados y está en curso con las propiedades afectadas en el Parque Nacional de Cabañeros».