La UNAC advierte al Gobierno del daño que hará el «bodrio de proyecto de ley» que se tramita en el Congreso

La Unión Nacional de Cazadores (UNAC) solicita a todos los políticos que forman el Parlamento español que no aprueben el Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal, sumándose a la petición de otras entidades del sector de la caza. La UNAC pide a los grupos políticos, parlamentarios, diputados, senadores, y Gobiernos autonómicos «que mediten y piensen el daño que van hacer al mundo rural y a los propietarios de los animales con la aprobación de este bodrio de Proyecto de Ley».

Desde la UNAC explican que el texto normativo que pretende aprobar el Gobierno, «que se cansa de citar a los animales de compañía», no hace mención al Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, y que tiene por objeto garantizar el bienestar de los animales en general. «Define claramente lo que son animales de compañía y poco o nada tiene que ver con lo que pretende legislar este proyecto de ley», afirma la entidad de la caza.

Acusan a su vez al Gobierno de aprovechar el periodo vacacional para tramitar la nueva ley, estando a la cabeza Ione Belarra, que ya ha dado el visto bueno a la Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal, «demostrando las intenciones que tiene la dictadura animalista».

Para la UNAC, hay varios puntos que contiene esta normativa que chocan contra el mundo rural, el medio natural y con gran parte de la sociedad española, y que son:

• Cambia completamente el actual sistema de protección de los animales, dirigido por las peregrinas ideas de los animalistas, que son una insignificante minoría frente a la sociedad.

• Modifica y echa abajo todo el sistema de veterinarios oficiales que existen en todas las comunidades autónomas, ocasionando la muerte del núcleo zoológico, convirtiendo a los veterinarios clínicos en comisarios políticos.

• Choca con muchas de sus imposiciones con las competencias que están atribuidas a las CC. AA., que han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional, y tropieza con la 17 leyes y normativas autonómicas que actualmente están en vigor.

• Ataca la biodiversidad natural y a las razas caninas españolas, y a la convivencia del mundo y medio rural.

• Pretende nutrir al lobby vegano/animalista de dinero público, creando lo que se viene llamando “el chiringuito animalista” del Gobierno.

• Impone que las arcas de las Administraciones Públicas y los bolsillos de todos los contribuyentes mantengan su lobby animalista por ley.

• Y por último, por más que a lo largo de sus borradores se ha ido eliminando algunos aspectos que afectan a la actividad cinegética, el fondo de la ley sigue siendo el mismo y, por lo tanto, es un proyecto de ley que no debe ser ni tramitado ni aprobado.