La RFEC pide ayuda para «tumbar» el Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales

La Real Federación Española de Caza (RFEC) hace un llamamiento a todas las personas que quieran «tumbar» el Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales a que presenten sus alegaciones particulares al mismo ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), ha afirmado que «la muestra de unión y fuerza del pasado 20 de marzo es tan sólo el principio».

Para ello, la RFEC ha puesto a disposición de todos los cazadores y personas que quieran tumbar este Anteproyecto de Ley un modelo de alegaciones en la web de la RFEC (DESCARGAR MODELO) para que, a nivel particular y atendiendo a su legítimo derecho, puedan presentarlas ante el citado Ministerio.

La RFEC exige la retirada del Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, atendiendo al unánime rechazo social que se demostró el pasado 20 de marzo, junto al resto de las políticas anticaza que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez y que está atacando a la línea de flotación del sector.

Esta enmienda a la totalidad al Anteproyecto se recoge en las alegaciones que la RFEC presentará al texto, cuya fase de audiencia e información pública se cerrará el próximo 29 de marzo y que, de seguir adelante, supondrá el fin de la caza tal y como la conocemos. Este texto sería inconstitucional al vulnerar competencias ministeriales, ya que además viola los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Tal y como denunciaron cientos de miles de personas en la gran manifestación del sector cinegético el pasado domingo, con esta propuesta normativa se verían seriamente afectados todos los cazadores propietarios de perros, hurones, aves de cetrería y de la práctica del silvestrismo, lo que supone una inmensa mayoría de los aficionados a esta actividad.

El adiós a Sergio García Torres

Manuel Gallardo ha exigido la supresión de la dirección general de Derechos de los Animales, con Sergio García Torres a la cabeza, por su marcado carácter animalista, «y su sectarismo al no tener en cuenta las necesidades del sector cinegético para elaborar una ley que afecta directamente y de forma muy perjudicial a la caza. El Gobierno no puede hacer oídos sordos y tiene que atender al clamor popular y a las reivindicaciones de la marea naranja, porque no habrá ni un solo voto a los partidos que no defiendan la caza».

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