El vicepresidente Adelardo Villafranca reclama incluir los incentivos económicos en los Presupuestos de 2026 para reforzar el papel social y ambiental del sector cinegético.
La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha vuelto a exigir a la Junta de Andalucía, por segundo año consecutivo, rebajas fiscales para las sociedades de cazadores federadas. Lo ha hecho en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz, donde ha presentado un paquete de incentivos económicos que beneficiarían a más de 1.400 sociedades con el objetivo de que se incluyan en el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2026.
La principal novedad respecto a 2024 —cuando las solicitudes no se admitieron en las cuentas andaluzas— es la reducción del canon anual que pagan las sociedades de caza por aprovechamiento cinegético de montes públicos. Se trata de una medida que puede beneficiar a un elevado número de sociedades, tal y como ha defendido el vicepresidente de la FAC, Adelardo Villafranca, quien ha insistido en que “desempeñan un papel esencial” en los acotados de titularidad pública, donde realizan mejoras e invierten cantidades económicas significativas.
Junto a esta petición, se ha reclamado una rebaja de la tasa de matrícula para aquellos cotos que realicen mejoras de hábitats, con la colocación de puntos de agua y alimentación suplementaria, así como para los que se adhieran a proyectos científicos de seguimiento y monitorización de fauna, como el Observatorio Cinegético de la Fundación Artemisan, o que suscriban convenios con la Junta destinados a la conservación, fomento o reintroducción de especies amenazadas.
La petición de rebaja solicitada por el organismo federado andaluz se extiende también a los cotos donde el aprovechamiento cinegético esté temporalmente impedido. Dentro del paquete de medidas se contemplan, además, ayudas directas a empresas y entidades rurales que creen e impulsen puestos de guardas de caza.
Unas medidas “imprescindibles” para un sector que aporta 3.500 millones de euros al PIB andaluz Los representantes de los cazadores federados insisten en la necesidad de impulsar estas medidas, las cuales son “imprescindibles para garantizar el futuro de una actividad como la caza que cumple una función social vital para todos los andaluces: conservar el patrimonio natural de nuestra región, a la vez que genera empleo y riqueza en las zonas rurales”.
De hecho, según los datos del estudio sobre la repercusión económica y social de la caza en España elaborado por la consultora Deloitte para la Fundación Artemisan en 2023, la caza contribuyó con 3.500 millones de euros al PIB andaluz, creó 49.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Andalucía o generó 162 millones de euros de retornos fiscales.
“El conjunto de medidas propuestas no sólo supone un reconocimiento al trabajo y a la inversión que el sector cinegético realiza por la conservación y el mantenimiento del patrimonio natural andaluz, sino que además garantizan el futuro de la actividad que de no practicarse provocaría una pérdida de riqueza, grave deterioro económico y desempleo”, ha finalizado el vicepresidente de la FAC.