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Indignación en el mundo rural por la suspensión cautelar de la caza del lobo

El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estima la medida cautelar de suspensión de la caza del lobo vuelve a dar la razón a los anticaza e impide la aplicación del Plan de Aprovechamientos Comarcales de Lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

Esta medida cautelar se apoya en las carencias de la propia fundamentación de la Resolución que aprobó el Plan y que no era otra que el Decreto 32/2015 de 30 de abril, de Especies Cinegéticas, el Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan del Lobo y la Orden Anual de Caza de 2016, normas todas ellas ya anuladas por el TSJ por haberse redactado, a criterio del Tribunal, sin el suficiente respaldo de informes científicos sobre la situación de las especies.

Con este mismo criterio y por la “apariencia de buen derecho” de esta sentencia no firme se adopta esta medida cautelar para evitar un perjuicio de imposible reparación que constituiría la caza de lobos sin tener asegurado que puedan cazarse.

Este razonamiento puede ser comprensible, lo que es más difícil de entender es que no se considere al menos igual de irreparable y de mucho mayor calado el perjuicio que supone la suspensión de la caza del lobo para el interés general.

La mayoría de los ciudadanos, que no tiene conocimiento de la especie más que por los documentales o por las informaciones parciales y sectarias de estos grupos animalistas radicales, puede caer en el error de pensar que las poblaciones de lobo están en recesión en Castilla y León cuando no es así.

Es necesario volver a informar de una forma veraz y científica sobre este tema. El estudio científico que ha fundamentado el aprovechamiento del lobo en la región, firmado por reconocidos especialistas en el cánido a nivel nacional, demuestra que este mantiene estables sus manadas y en algunas zonas se encuentra en expansión, de ahí que la propia Administración esté instando a nivel europeo la flexibilización de los controles poblacionales al sur del Duero.

No obstante, el Tribunal, desoyendo la oposición de la Junta sobre estas medidas cautelares, obvia el informe pericial presentado para acreditar los graves perjuicios que provocaría la suspensión de la caza del lobo considerando que “solo contiene afirmaciones suscritas por quien es el Jefe del Servicio de Caza y Pesca”. Según el Tribunal, el informe presentado por el funcionario público que dispone de toda la información sobre el problema del lobo en Castilla y León carece de valor probatorio.

El Tribunal considera que “no consta que exista una situación que demande ese aprovechamiento con el fin de atajar los concretos problemas para la ganadería, para los ecosistemas u otros a los que se alude por parte de la Administración demandada”, y que tampoco “consta que para evitar esos eventuales daños que se alegan no haya otras medidas alternativas que no perjudiquen el mantenimiento en un estado de conservación favorable del lobo”.

Además, el auto afirma que “no estando acreditados ni indiciariamente esos perjuicios a los que alude la Administración, no procede tampoco exigir ninguna garantía para la adopción de la medida cautelar.”

Es evidente, como dice el propio Tribunal, que la Sala no conoce la verdadera repercusión que esta medida tendría sobre el medio ambiente y sobre los intereses de ganaderos y otros habitantes del medio rural. El interés cinegético aquí puede ser lo de menos.

Esta suspensión de la caza, de mantenerse en el tiempo, provocaría un brusco repunte y un grave desequilibrio en las poblaciones de lobo en el medio natural con el consecuente mayor rechazo hacia esta especie por sus afectados, personas del medio rural que viéndose desesperadas y abandonadas a su suerte podrían verse tentadas a actuar al margen de la ley con el peligro que esto conlleva para el propio lobo y para el resto de especies, incluidas las protegidas. Son de sobra conocidas las consecuencias, tanto biológicas como jurídicas, que pueden provocar este tipo de actuaciones ilegales y no selectivas, pagando casi siempre, una vez más, los cotos de caza.

Ganaderos, cazadores y Administración saben que la única forma de gestionar el lobo de forma eficaz es a través de la caza y que no hay recetas mágicas para resolver el problema de la convivencia del hombre y el lobo si no es a través de un aprovechamiento cinegético ordenado, por eso y para evitar este perjuicio irreparable que los tribunales ignoran, instamos a la Junta de Castilla y León a resolver esta situación a la mayor brevedad adaptando la regulación sobre el lobo al ya modificado Decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas. Confiamos en ello y estamos seguros de que, por el bien de todos, se seguirá cazando el lobo en Castilla y León.

Nuestro apoyo total a nuestros compañeros de las asociaciones agrarias y ganaderas en defensa de sus legítimos intereses y nuestra solidaridad a los propios perjudicados.

FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN