La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha presentado al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, un protocolo para la práctica de la actividad cinegética en la Fase I y un informe sobre el impacto socioeconómico de la caza en España, para reforzar la necesidad de incluir la caza como actividad permitida en esta Fase, y que esta tarde, como anunció ayer el mismo Illa, el Ejecutivo va a estudiar.
En esta documentación, basada en la ‘Guía de buenas prácticas para el cazador ante la pandemia del COVID-19‘ realizada por la RFEC y la Fundación Artemisan, se exponen una serie de pautas para afianzar la práctica segura de la actividad cinegética en esta época del año, que ya de por sí no supone ningún riesgo de contagio de coronavirus al realizarse al aire libre e individualmente.
De igual forma, se ha hecho llegar al Ministro el informe ‘Impacto Económico y Social de la Caza’, realizado por Artemisan y Deloitte, para que tenga una radiografía detallada de la importancia del colectivo en la reactivación del entramado socioeconómico del mundo rural y de las empresas relacionadas, directa o indirectamente, con el sector cinegético. Un papel relevante que refuerza la necesidad de reanudar lo antes posible la caza, y la pesca, en las provincias que pasen a la Fase I.
Ambos textos se suman a la solicitud realizada el pasado sábado por la RFEC al Ministro de Sanidad para incluir a la caza dentro de las actividades que se pueden practicar en la Fase I de la desescalada, tras la publicación en el BOE nº 130, del 9 de mayo, de la Orden SND/399/2020.
Como ya señaló la RFEC, la exclusión de la caza en la Fase I no tiene ninguna explicación técnica ni de salud pública, sino que, por el contrario, supone marginar a los cazadores frente a otras actividades deportivas de ocio y naturaleza, además de favorecer el incremento de daños a los cultivos, riesgos de accidentes de tráfico y problemas sanitarios de la fauna silvestre.
