Artemisan pide al MITECO que suspenda la tramitación del borrador de Estrategia de Infraestructura Verde

La Fundación Artemisan ha solicitado formalmente al Ministerio de Transición Ecológica la retirada del “Borrador de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas”, un documento presentado de forma poco transparente, que vulnera un artículo de la Ley de Patrimonio y Biodiversidad y que, además, obvia los posibles derechos de los propietarios de los terrenos afectados por la propia Estrategia.

En este sentido, y a través de las alegaciones presentadas, Artemisan pide al Ministerio que inicie un trámite de participación pública que cumpla los principios de “diálogo, participación y respeto” exigidos por la propia ley.

Las alegaciones de la Fundación Artemisan señala que este documento ha sido publicado en la web del MITECO tras haber sido elaborado en el seno del Grupo de Trabajo de Infraestructura Verde, Comité de Espacios Naturales Protegidos.

Esto supone que desde el primer momento no se ha contado con numerosas asociaciones, entidades y fundaciones que hubieran participado de abrirse un procedimiento público, como exige una normativa trascendental y de marcado carácter medioambiental como es el caso.

Así, es evidente que la Administración no tiene interés en promover una adecuada, efectiva y real participación en la elaboración de este documento. Hay que recordar que el sector lleva tres años esperando el borrador, y ahora simplemente se cuelga en la web un borrador sin poner a disposición de los interesados, ni siquiera, el conjunto de la bibliografía que se dice haber empleado en su elaboración.

Más allá de ese defecto de base en la tramitación, en lo que se refiere al contenido del documento la Fundación Artemisan considera que vulnera el artículo 15 de la ley 42/2007, de 13 de diciembre sobre Patrimonio y Biodiversidad.

El artículo 15 de la citada ley es muy claro:

la Estrategia estatal de infraestructura verde “incorporará una cartografía adecuada que permita visualizar gráficamente la misma”. Además, añade que esta Estrategia “tendrá por objetivo marcar las directrices para la identificación y conservación de los elementos”. Sin embargo, el propio borrador reconoce que la identificación de elementos no está desarrollada y que tampoco existe cartografía.

“Entonces, si la estrategia debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 15, ¿por qué no se espera a elaborar la cartografía y se procede a la identificación de sus elementos antes de proponer la aprobación de un borrador que va a resultar ineficaz y disconforme a derecho?”, añade Artemisan, que no alcanza a “qué objetivos pueden pretender ser alcanzados si no se dispone, con carácter previo, de sus criterios de aplicación”.

También se “obvia u olvida” que el Plan Estatal Estratégico sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad, plasmado en el Decreto 1274/2011 de 16 de septiembre, establece la necesidad de un diagnóstico previo y la existencia de compromiso financiero en este tipo de normas ambientales. Pero la falta de informes o estudios previos y avalados, además de la falta de consulta real a los sujetos e intereses afectados, “es clamorosa”.

En definitiva, el borrador “ni cumple ni puede cumplir su objetivo”.

Otro aspecto esencial no recogido en el documento es el reconocimiento del régimen que se pretende aplicar en beneficio de los propietarios de los terrenos calificados, puesto que “cualquier limitación a las facultades inherentes al derecho de propiedad deberá ser considerada como una forma de expropiación”.

Las alegaciones presentadas por Artemisan señalan que es evidente que “la mayor parte de los terrenos calificados han sido, son y serán de naturaleza privada”, ante lo que esos propietarios “deben participar de estos beneficios, ambientales y también económicos, y, en su caso, ser debida y correctamente compensados si fueren privados de ellos o vieran limitado su dominio y uso”.

Ante esta situación, Artemisan pide al MITECO que suspenda la tramitación del actual borrador, al tiempo que apuesta por que se inicie un auténtico trámite de participación pública abierto al conjunto de agentes, partícipes e interesados.