Otra de las entidades del sector de la caza que ha presentado alegaciones contra el Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales ha sido la Asociación de Rehalas Regionales Caza y Libertad (Arrecal). Este martes termina el plazo para ello y la entidad que trabaja por los rehaleros y cazadores de España ha presentado, en un documento técnico-jurídico, todas las demandas y aportaciones en las que llevan meses trabajando.
Tras una profunda revisión del citado anteproyecto, Arrecal presenta a través de sus alegaciones una enmienda a la totalidad del texto, puesto que creen que el texto ha sido desarrollado con una visión animalista de la que se deriva una clara intención de prohibir o limitar actividades como la caza. Aunque no se prohíba de manera expresa, el texto genera inseguridad jurídica y plantea serias limitaciones para el ejercicio de la actividad cinegética que en la práctica haría imposible la caza, por lo que la Asociación de Rehalas exige la retirada del texto para que sea revisado por completo.
En su exposición de motivos, Arrecal defiende que hay una clara invasión competencial por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en cuestiones como sanidad animal, biodiversidad y caza, que también conlleva un incremento de gasto público y privado asociado. Respecto al concepto recogido en el anteproyecto de “derechos de los animales”, la entidad aboga por usar el término de bienestar animal, puesto que lo primero no es más que una concepción jurídica indeterminada que prima la optima animalista de la humanización animal, mientras que el propuesto es un término contrastado científicamente.
Además, piden al Ministerio que la caza, las especias cinegéticas y los animales auxiliares o con función social, tanto domésticos como silvestres y de cualquier categoría relacionados con la actividad cinegética, queden excluidos del ámbito de aplicación de la ley, ya que las actividades cinegéticas cuentan con un marco normativo propio. Así, aseguran desde Arrecal, se evitaría generar situaciones de inseguridad jurídica derivadas de la aplicación de determinados artículos del anteproyecto.
El escrito continúa con la exposición clara y concisa de varios puntos en donde se abordan distintas cuestiones relacionadas con la redacción técnica de la norma, en donde se deberían replantear las definiciones de algunos conceptos como el de “maltrato animal”, o las que tienen que ver con el artículo de prohibiciones generales, que de la manera en la que se redacta resulta totalmente incompatible con la realidad de la práctica cinegética reglada.
La imposición de la esterilización obligatoria; la vinculación de las entidades de protección animal únicamente hacia las protectoras y no a colegios de veterinarios o federaciones de caza, y el amplio catálogo de nuevas infracciones con sus correspondientes sanciones desproporcionadas, son otros de los temas con los que Arrecal ha presentado formalmente su desacuerdo, esperando que el Gobierno lo tenga en cuenta para dar marcha atrás y no poner en peligro a todo el sector cinegético español.