El Juzgado de los Penal nº16 de Sevilla ha condenado a 27 meses de prisión a un ladrón de perros de rehala y le han castigado con 8 meses más por el delito de maltrato animal. Además, el condenado ha sido inhabilitado durante tres años a realizar cualquier actividad dedicada a la tenencia de animales, y a indemnizar los daños y perjuicios, así como al pago de las costas de la acusación particular, dirigida por el letrado Alfonso Aguado, presidente de la Asociación Española de Rehalas (AER).
Los hechos se remontan a la madrugada del 3 al 4 de agosto de 2020 cuando, según declara probado la sentencia, los acusados sustrajeron en una sola noche 22 perros de caza en diversas perreras situadas en la localidad sevillana de Gerena, siendo varias de ellas propiedad de socios de la AER. Para conseguir sus fines se declara probado que apalearon en las instalaciones a uno de los perros guardianes. Este animal murió posteriormente a causa de las lesiones.
Para aclarar la autoría de los hechos ha sido determinante la colocación de una cámara de foto-trampeo en una de las perreras, con la que se consiguió identificar, sin ningún lugar a dudas, a los autores de los hechos. Parece que los propietarios de perreras deberían tener en cuenta esta medida que, según el tribunal, ha sido una prueba válida y eficaz para incriminar a los autores de los robos.
A partir de esta información, hay que destacar la eficacia demostrada por el equipo ROCA de la Guardia Civil, Comandancia de la Rinconada, al instruir un atestado con el que se han obtenido las pruebas necesarias para demostrar la autoría de los hechos. Según consta en el atestado, con este modus operandi, durante los últimos dos años se habrían sustraído en diversas localidades de la provincia de Sevilla unos 200 perros de caza, fundamentalmente podencos y galgos.
De especial importancia es el pronunciamiento de la sentencia al reconocer como agravante el especial valor que tienen los perros de rehala, al ser una actividad declarada bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. A la vista de esta sentencia, la AER va a proceder a interponer denuncia penal, solicitando que se investigue el destino dado a tal cantidad de perros, ante la sospecha de que estamos ante la punta de un iceberg que oculta una auténtica mafia dedicada a comerciar con perros de caza robados.