Navarra no cuenta con los cazadores para el control de los daños agrícolas

Desde que comenzó el estado de alarma por el coronavirus y las actividades cinegéticas quedaron prohibidas, los agricultores llevan alertando de que la dejación del control efectivo en las poblaciones de fauna silvestre acarrea cuantiosos daños en sus explotaciones, que constituyen un pilar fundamental dentro de la cadena y el abastecimiento alimentarios.

Ya en ese primer momento, el colectivo de cazadores en Navarra se ofreció al Gobierno para realizar ese cometido, una labor para la que están especializados y que es primordial en el mantenimiento de los ecosistemas. Siempre, eso sí, que las normas sanitarias lo permitieran y bajo el amparo de permisos otorgados por la Administración.

Sin embargo, el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha ignorado al sector cinegético durante el mes y medio de confinamiento y, en lugar de contar con uno de los actores más formados para atajar el problema, ha preferido adoptar una serie de iniciativas que, a modo de parches, están tratando de evitar que la situación se descontrole.

El primer paso del Gobierno de Navarra se llevó a cabo el 24 de marzo y permitió a los guardas de los cotos efectuar el control de poblaciones como el conejo o el jabalí. Los cazadores (amén de los titulares de los acotados, los propios guardas y los agricultores) ya avisaron de que se trataba de una medida insuficiente, como así lo demostró el hecho de que, una semana después, Medio Ambiente publicará una segunda resolución, en este caso otorgando una autorización al Equipo de Control de Animales de la Policía Foral para que, entre otros cometidos, cazará conejos por las noches.

Nuevamente, fue una decisión que no iba a resolver la problemática y que los colectivos implicados recibieron con escepticismo, debido a lo insólito de la propuesta. Más de medio mes después, el Ejecutivo confesó que el cuerpo policial autonómico no había protagonizado ninguna intervención. Así que el departamento tuvo que avanzar más allá en su, hasta ahora, errático camino.

El 17 de abril, se elaboró una tercera resolución, que permite a los agricultores y ganaderos con licencia de caza ejercer los necesarios controles dentro de sus explotaciones. Una medida igualmente ineficaz, ya que, a la estricta serie de requisitos de obligado cumplimiento, se unen dos circunstancias desfavorables: la mayoría de agricultores no cuentan con los medios precisos (como, por ejemplo, los hurones), ni disponen del tiempo para acometer esas labores, al tener que atender sus ocupaciones principales.

La coyuntura que vive Navarra contrasta con la gestión de otros gobiernos regionales que sí han recurrido a los cazadores. Es el caso de Aragón, Castilla-La Mancha, Álava o Extremadura, donde se ha permitido la caza para minimizar los daños. La tesitura es tan peliaguda que hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recordó a las comunidades autónomas que deben mantener el control de los jabalíes, así como prevenir los daños que puedan ocasionar. Una actividad que considera “esencial”.

La cuestión, sin embargo, va más allá de la reducción de estos daños durante el estado de alarma. Resulta pertinente recordar cómo la función de los cazadores rebaja la cifra de accidentes de tráfico provocados por la fauna cinegética, disminuye el riesgo de la expansión de enfermedades potencialmente devastadoras tanto para la sanidad animal como para la salud pública y contribuye a conservar el correcto equilibrio de los ecosistemas. Y, como destaca Nicolás Urbani, asesor técnico veterinario de la Real Federación Española de Caza, la actividad cinegética “debe ser sostenida en el tiempo según épocas, monitorizaciones poblacionales y daños declarados”. “Hay que tener en cuenta que no solo estamos luchando contra los daños inmediatos, sino con los que se van a producir a corto-medio plazo en los próximos meses”, asegura.

La Federación Navarra de Caza, a través de un manifiesto firmado por 17 científicos y expertos, trasladó al Gobierno foral que los cazadores no están reclamando que se les permita cazar, sino que se han puesto al servicio de la Administración para acometer el control poblacional.

Desde la entidad, el ingeniero forestal Aitor Merino subraya que “las organizaciones y colectivos profesionales con más peso del ámbito rural han dejado claro que es imprescindible desarrollar acciones de caza para el control de la fauna cinegética y han pedido ayuda a los cazadores, ya que actualmente no existen otras alternativas viables para la resolución de esta situación”. En su opinión, “el análisis de daños y riesgos debe ser realizado por profesionales cualificados, siendo los cazadores, en el ejercicio voluntario y altruista de sus competencias, los que van a responder con sentido de responsabilidad”. “No son actividades de ocio, sino funciones necesarias efectuadas por los cazadores en aras del bienestar general”, apunta.

Merino va un paso más allá y subraya que “la labor que desempeñan las sociedades de cazadores es imprescindible e impagable, ya que, además de no costar ni un euro a los contribuyentes, genera puestos de trabajo y aporta numerosos beneficios ambientales, económicos y sociales derivados de una gestión cinegética sostenible”.