La RFEC defenderá los intereses de los cazadores en la tramitación parlamentaria de la Ley de Derechos de los Animales

La Real Federación Española de Caza (RFEC) a través de su presidente, Manuel Gallardo, defenderá los intereses de los cazadores en el Congreso de los Diputados a través de una comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad donde se debatirán las enmiendas parciales a la ley.

A pesar de que la Mesa de la Comisión, que ha contado con los votos a favor del PSOE y Podemos, ha rechazado la solicitud de 30 entidades, expertos y colegios profesionales afectados por la Ley, el sector cinegético sí tendrá voz en la Cámara Baja donde expondrá todos los motivos por los que la norma pretende limitar y acabar con la caza tal y como la conocemos, y por lo tanto es necesario cambiarla.

Desde la RFEC denuncian que la Mesa de la Comisión no quiera escuchar a todos los sectores afectados por una norma que nace ya fracasada y es una de las más contestadas de la historia. De hecho, ha recibido más de 6.000 alegaciones, cuenta con el rechazo de más de 800 firmas presentadas por científicos, o la oposición de otros sectores afectados como juristas, veterinarios, ganaderos, deportistas y más de 800.000 personas del mundo rural que se manifestaron el pasado 20 de marzo en Madrid.

Trámite parlamentario

Tras el rechazo, en el Pleno del pasado 6 de octubre, a las enmiendas a la totalidad del PP, VOX y PNV, a la Ley, su tramitación se encuentra en el periodo de presentación de nuevas enmiendas parciales hasta el próximo 26 de octubre para que posteriormente se debatan en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales a la Discapacidad.

La Federación recuerda que, entre las enmiendas presentadas hasta la fecha, el PSOE registró una enmienda parcial donde se excluyen de esta Ley a los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de la caza, tal y como se comprometió con el sector cinegético. Desde la entidad federativa se apela a la responsabilidad de los distintos partidos políticos para que tengan en cuenta la importancia del sector a nivel social, económico y medioambiental a la hora de modificar o rechazar la Ley.