El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado la demanda interpuesta por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) que impugnaba el Plan de Gestión del Lobo en esta comunidad, según ha informado la Fundación Artemisan. El citado plan de gestión planteaba realizar un control de la población lobera hasta que llegó la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en noviembre de 2021.
Para Ascel, que fue una de las asociaciones que promovió la inclusión del carnívoro en el Lespre, el Plan de Gestión del Lobo «ponía en peligro las poblaciones de lobo y vulneraba la legislación nacional e internacional sobre la materia». Por tales motivos interpuso una demanda contra el citado plan de gestión, frente a la que se personaron tanto Fundación Artemisan como la Federación Cántabra de Caza, así como distintos ayuntamientos afectados por la pretensión animalista de prohibir la caza del lobo.
Por su parte, Fundación Artemisan aportó diferentes informes periciales a través de sus servicios jurídicos que acreditaban que las poblaciones de lobo en la comunidad «son lo suficientemente abundantes para permitir la caza de un número limitado de ejemplares. Especialmente en aquellas zonas donde se producen daños importantes a la ganadería».
El TSJ de Cantabria ha desestimado con esta sentencia todos los argumentos de la asociación animalista, «considerando que el Plan de Gestión elaborado por el Gobierno cántabro se ajustaba estrictamente a la legalidad vigente y contaba con suficiente argumentación científica a la hora de redactarlo.
La sentencia añade que el control de poblaciones de lobos es una actuación ajustada a derecho, fundamentalmente por provocar daños en la ganadería.