En su demanda, Ecologistas en Acción pretende la nulidad de la orden de vedas por considerar que autorizaba la caza de especies sin conocer su estado poblacional, o en mal estado de población, además de por permitir la caza en cotos comerciales desde el 15 de septiembre al 15 de marzo. Todo ello sin aportar informe alguno que justifique su pretensión.
A todo ello se ha dado respuesta desde Fedexcaza, Fundación Artemisan y APROCEX, aportando sólidos informes que desmontan los argumentos de la entidad demandante y que acreditan que la orden es ajustada a derecho.
Así, se ha aportado un informe de la Universidad de Extremadura que expone el estado de conservación y situación poblacional de las distintas especies cinegéticas objeto del recurso, así como sobre sus periodos hábiles de aprovechamiento en relación a sus periodos de reproducción y migración.
En la misma línea se ha aportado un informe del doctor en Biología Carlos Sánchez sobre los periodos hábiles de aprovechamiento cinegético en Extremadura. Con ello, se demuestra que las afirmaciones del grupo ecologista demandante no son ciertas.
El Supremo ya señaló que los censos anuales no son necesarios
Para las entidades personadas, llama la atención que el grupo ecologista base su demanda en la supuesta obligación de la Consejería de elaborar anualmente censos sobre las especies objeto de aprovechamiento cinegético, sin tener en cuenta que ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado señalando que estos censos anuales no son necesarios.
No obstante, y pese a no ser preceptivos estos informes, la entidad demandante omite que la Administración sí que dispone de informes científicos y técnicos que acreditan los niveles poblacionales actuales y reales de las especies cinegéticas incluidas en la Orden de Veda, así como su distribución geográfica y sus índices de reproductividad reales y actualizados.
Para Fedexcaza, Fundación Artemisan y APROCEX, una vez más se demuestra que el único fin que persigue Ecologistas en Acción es el de acabar con la caza sin tener en cuenta los criterios técnicos y científicos y las consecuencias económicas, medioambientales y sociales que ello supondría.
Desde las entidades esperan que la justicia vuelva a dar la razón al sector y cese la persecución ideológica a una actividad absolutamente legal, que cuenta con el respaldo de la mayoría de la población española, que genera cerca de 6.500 millones de euros al año y que da empleo a cerca de 190.000 personas en todo el país.
De hecho, cabe destacar que según el reciente informe realizado por la consultora GAD3 para Fundación Artemisan, en Extremadura más del 70 % de los ciudadanos considera que la caza es una actividad necesaria y cerca del 80 % apuesta por la caza como herramienta de control de poblaciones de animales silvestres.