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El Gobierno quiere aprobar este viernes el proyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales

El proyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales llegará este viernes al Congreso de los Diputados para su aprobación por parte del Gobierno de coalición. El pasado 5 de enero entró en vigor la modificación del régimen jurídico que propicia el desarrollo de esta Ley que, de aprobarse, supondría un claro perjuicio para el sector de la caza y el mundo rural por las limitaciones e impedimentos que establece para nuestra relación con los animales estableciendo, entre otras muchas medidas, la necesidad de superar un curso formativo para poder tener un perro de caza.

La cría y compraventa de animales entre particulares quedará prohibida y solo se permitirá para criadores profesionales y registrados, autorizándose únicamente los «contratos de adopción». La Ley de Protección y Derechos de los animales también regula lo relativo al transporte de animales y a su empleo en actividades culturales y festivas, estableciendo unas condiciones de uso «acordes a su dignidad como seres sensibles». La prohibición de emplear collares eléctricos es otra de las medidas que recoge el anteproyecto de esta ley impulsada por Ione Belarra, responsable del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos.

Criminalización de la caza y los cazadores

Si la Cámara Baja aprueba el viernes 18 la puesta en marcha de la Ley de Protección y Derechos de los animales, la realidad de la caza y del mundo rural cambiará de tal manera que afectará a su futuro si llega a aprobarse finalmente. Por ello, entidades de la caza y del mundo rural que vienen reprochando que se adopte esta normativa, han convocado una concentración masiva para el 20 de marzo en Madrid, con las etiquetas #20MRural y #JuntosPorElCampo, a modo de gran protesta de lo que consideran un grave ataque a la caza y al campo.

La Ley que se pretende aprobar con este procedimiento legislativo establece que la Dirección General de Derechos de los Animales del citado Ministerio, dirigida por Sergio García Torres, será la encargada de impulsar «políticas de defensa y protección de los animales a nivel estatal», así como «proponer los tratamientos veterinarios obligatorios mínimos para animales de compañía». La oposición manifiesta hacia la caza que se ha manifestado desde esta Dirección General, llegando a mantener por su máximo responsable la idea de que un «60% de los cazadores que crían sacrifican a los animales que no les interesan ni necesitan» , hará prácticamente imposible el ejercicio de la caza y de otras muchas actividades que se desarrollan en el mundo rural.

Ante la futura aprobación de la Ley de Protección y Derechos de los animales, se hace un llamamiento a todo el mundo rural para acudir a la gran manifestación que tendrá lugar en la capital de España el 20 de marzo para «apoyar la existencia de un mundo rural vivo».

Fuente: Europa Press