El hecho de que el lobo se considere como especie cinegética en la Ley de Caza de Castilla y León ha servido para que el Gobierno de España haya presentado este martes un recurso de inconstitucionalidad contra esta normativa de caza. Desde la Junta de Castilla y León afirman que no ven «ningún problema» en la iniciativa del Gobierno porque dicen que la ley de caza de la Comunidad está avalada por el Tribunal Constitucional como «plenamente constitucional».
En septiembre de 2021, el lobo se incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), por lo que su caza quedaba prohibida en todo el territorio nacional. Con el fin de resolver las discrepancias al respecto entre entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central, se mantuvieron unas reuniones en octubre que finalmente no han cerrado la posibilidad de volver a cazar la especie de manera controlada.
El Consejo de Estado ha considerado que existen fundamentos jurídicos para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Caza de Castilla y León debido a la figura que aún se mantiene del lobo en ella como especie susceptible de caza. Desde el Gobierno afirman que son conscientes de los problemas que causa el lobo a los ganaderos, pero añaden que hay previstos 20 millones de euros para desarrollar las denominadas “estrategias de convivencia con grandes carnívoros” como el lobo y el oso. Estas estrategias se gestionan desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la vicepresidenta Teresa Rivera, y han sido criticadas por los gobiernos autonómicos, asociaciones agrarias y propietarios de territorios afectados.
Desde el Gobierno castellanoleonés entienden que el recurso presentado por el Gobierno no reviste problema alguno. El consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha recordado que esta normativa fue objeto de un recurso hace tres años por el Defensor del Pueblo, que finalmente se resolvió por el Tribunal Constitucional diciendo de la ley que era «correcta y cumplía los requisitos legales».
Suárez-Quiñones ha defendido que la legislación de caza en la Comunidad de Castilla y León es «una primicia de regulación sostenible» y que la prohibición de cazar lobos en todo el territorio es una decisión «arbitraria» y carente de criterios científicos. «El lobo no se puede cazar porque la vicepresidenta Teresa Ribera no ha querido», ha denunciado al tiempo que alerta sobre los «graves perjuicios» que esta prohibición ocasionará a la ganadería y en el entorno rural.
El consejero avanzó que cuando gobierne el PP en España, una de sus primeras normas será derogar la normativa que prohíbe cazar lobos al norte del Duero.