67 entidades representativas del mundo rural reclaman al Gobierno que declare la caza como actividad esencial

acompañado por un informe técnico del catedrático de Sanidad Animal e investigador del IREC, Christian Gortázar– apoyado por entidades que representan a los sectores agrícolas, ganaderos, alimentarios y cinegéticos de nuestro país y recuerda los posibles efectos que tendría la paralización de la actividad cinegética en algunas zonas de España cuando acaba de arrancar la nueva temporada. Y es que los confinamientos y las limitaciones de movilidad que ya están sufriendo muchos cazadores están poniendo en riesgo un gran número de acciones cinegéticas.

Ante esta situación alertan de las graves consecuencias que tendría un descenso significativo de la caza durante los próximos meses asociado a las restricciones por la pandemia: “Ocasionarán sin duda una superpoblación de algunas especies silvestres (conejos, corzos, ciervos, cabras hispánicas, jabalíes…) con consecuencias ambientales, económicas, de salud pública y de sanidad animal nefastas para España”.

En este sentido, señalan que es especialmente destacable el impacto en la sobreabundancia de jabalíes. Esta especie “crece de forma exponencial” y la reducción de la caza “supondría que en el año 2021 nos podríamos encontrar con un incremento sin precedentes de la población española de esta especie en varios cientos de miles ejemplares, verdaderamente difíciles de controlar en años venideros y poniendo en grave peligro a las cabañas ganaderas de sectores como el cerdo, vacuno, ovino y caprino, producciones y cultivos agrícolas, etcétera.

CINCO RIESGOS GRAVES

Las más de sesenta entidades que suscriben este escrito avisan de cinco riesgos asociados a la posible paralización de la caza, todos ellos avalados por numerosos estudios científicos. El primero de ellos se refiere a los riesgos críticos para la salud pública, la sanidad animal y la sanidad ambiental (tuberculosis, peste porcina africana-PPA, brucelosis, sarna, triquinosis, enfermedad de Crimea-Congo…). Esto sería especialmente grave en el caso de que la peste porcina africana llegase a España.

Asimismo, se registrarían severos perjuicios para la seguridad vial y ciudadana con un incremento de los accidentes de tráfico y posibles afecciones a la viabilidad de infraestructuras como las propias vías férreas.

También son previsibles cuantiosos daños en los cultivos y producciones ganaderas, ya que se multiplicarán las afecciones en las cosechas de cereales, leguminosas, pastos, etc., pero también en infraestructuras de riego y rurales, así como los ataques a las producciones ovinas y caprinas en extensivo.

Otro efecto previsible de la disminución de la actividad cinegética es la generación de desequilibrios ecosistémicos. En esta línea, el documento remitido a Pedro Sánchez pone de manifiesto que “la imposibilidad del control poblacional cinegético en el ecosistema agrosilvopastoral nacional supone un descontrol de la capacidad de carga del medio natural, con severas afecciones a especies sensibles, vulnerables o en peligro de extinción”.

Por último, está el efecto directo sobre el mundo rural, con importantísimas pérdidas económicas y de empleo en zonas que, además, están en especial riesgo de abandono demográfico.

CAZA Y COVID

Los representantes del mundo rural recuerdan al presidente del Gobierno que hay que tener también en cuenta que por sus características propias y las condiciones en las que se desarrolla, la caza no es una situación “de riesgo” de transmisión del coronavirus, y gracias a las medidas de protección empleadas no hay posibilidad de contactos estrechos.

Por todo ello reclaman que se declare oficialmente la caza como actividad esencial y que se incluyan los desplazamientos puntuales de cazadores como una de las excepciones ante posibles confinamientos o restricciones de la movilidad “conforme a la normativa de cada Comunidad Autónoma y siguiendo las guías de bioseguridad para la prevención del COVID-19 promulgadas por las autoridades competentes”.